Extranjeros somos todos, por Janice Seinfeld

Lo que sucede en Venezuela es una crisis humanitaria en toda su extensión. El despreciable uso electorero que ciertos candidatos municipales y regionales han pretendido hacer de este éxodo y la compleja problemática que está suponiendo para el continente no deben hacernos perder de vista el tema de fondo: el reto compete y debe implicar a todos los países latinoamericanos y, por tanto, requiere de un enfoque multilateral coordinado que cuente con el apoyo de la cooperación internacional.

Hoy cada nación está aplicando sus propias medidas, con servicios públicos que difícilmente cubren las necesidades básicas de la población local. El desafío para los gobiernos es identificar las ventajas que trae la inmigración y plantear políticas públicas que integren este componente en su diseño y evaluación. Por ejemplo: el Estado Peruano tiene un déficit de 20.000 médicos, plazas que bien podrían ocupar profesionales venezolanos fuera de Lima, en localidades con necesidades mucho más urgentes que atender. Es decir, debemos aprovechar este contexto adverso para construir una agenda migratoria sólida, hoy inexistente, y para revisar las políticas públicas aún débiles, de cara a mejorarlas.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, unos 400.000 venezolanos han arribado a nuestro país huyendo de la desgracia en sus tierras. El último monitoreo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) precisa que el 34% de ellos gana el sueldo mínimo o menos, el 85% trabaja sin contrato y el 65% tiene algún nivel de educación superior. Además, cerca del 62% trabaja en los sectores comercial, turismo, restaurantes y/o entretenimiento, mientras que el 9% lo hace en construcción, manufactura e industria.

Por su condición de vulnerabilidad, los migrantes –y ni qué decir de aquellos que solicitan refugio– presentan diferentes retos en salud, sobre todo si se enfrentan a ambientes inseguros o a condiciones sociales adversas. Literatura académica sobre servicios de salud entre migrantes adultos revela que utilizan menos servicios de salud excepto para hospitalizaciones, que es mayor incluso que entre la población local. Además, los niños nacidos de madres con antecedentes inmigratorios tienen una mayor incidencia de muerte fetal intrauterina, muerte neonatal, parto prematuro y bajo peso al nacer, algunas enfermedades infecciosas, obesidad, y tasas más altas de cavidades dentales y de ciertos trastornos mentales.

En México, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, garantiza el acceso a la salud a todos los residentes del territorio nacional, incluidos los extranjeros con residencia temporal o permanente. En nuestro país, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud garantiza incorporar a todos los residentes, incluyendo extranjeros. Con sanear su estatus legal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores queda expedita su incorporación al Seguro Integral de Salud (SIS), hoy con alrededor de 17 millones de afiliados. Esta entidad evidentemente requerirá de una mayor inyección de recursos para poder brindar mejores servicios de salud a los peruanos y extranjeros que lo necesiten. Sin embargo, el Colegio Médico del Perú ha alertado que el proyecto de presupuesto 2019 vendría con recortes en salud, lo cual sería inadmisible.

Complementariamente, debemos apuntalar la labor que están brindando organizaciones católicas y no gubernamentales. Además, activar el sistema de Naciones Unidas para ofrecer apoyo médico a los venezolanos que llegan al país, realizar campañas de vacunación para evitar problemas sanitarios prevenibles, poderlos insertar formalmente en los sistemas educativos y laboral, y verificar que su ingreso sea ordenado, informado y seguro.

En este espacio celebramos la solidaridad y defendemos la política de fronteras abiertas, pero urge para ello plantear estrategias transversales que permitan, a la brevedad posible, combatir esta crisis.

Publicado en el diario El Comercio

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