Por un menú más saludable

Luego de meses de idas y vueltas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó el Manual de Advertencias Publicitarias en el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes del año 2013. Este dispone la implementación de los octógonos de color negro y blanco en los alimentos procesados cuyo contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas exceda los parámetros establecidos. Así, el Minsa hizo prevalecer su posición rectora, e impidió que prosperase la alternativa del semáforo nutricional que proponían el Parlamento y la industria alimentaria, y que rechazan instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Sin embargo, hay dos temas de fondo que también deben ser priorizados. El primero: los estándares recomendados por la OMS y aprobados en el país por el DS 007-2015/SA, que fue derogado y cambiado por el DS 017-2017/SA, que triplica lo permitido por la OMS en cuanto a contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas en alimentos y bebidas no alcohólicas procesados. El segundo: cómo fomentamos entre la población la importancia de una alimentación saludable que empiece en casa y se extienda al consumo de alimentos procesados. Una alimentación que, como lo explica la FAO —la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre—, aporte los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua.

 

Un dato increíble en la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) es que la anemia infantil en zonas urbanas pasó de 39,9% en el 2016 a 41,4% en el primer semestre del 2017. Los motivos muy probablemente están en la reducción de la lactancia materna exclusiva (de 63,2% a 59,9%) y en el incremento del consumo de la comida chatarra desde los primeros años de infancia.

 

Necesitamos cambiar nuestros hábitos de consumo de alimentos para prevenir  las enfermedades crónicas que tienen a la alimentación como eje fundamental: obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades dentales y osteoporosis.

 

En Chile, casi un tercio del total de azúcares libres consumidos provienen de bebidas, jugos y aguas azucaradas. Un reciente estudio realizado por las universidades de Chile y York reveló que este consumo disminuyó en 21,6% desde que en el 2014 comenzó a aplicarse el Impuesto Adicional a las Bebidas Azucaradas (IABA). Pero Marc Suhrcke, coautor de la investigación, señaló que si bien la política fiscal chilena ha sido efectiva en reducir el consumo de bebidas azucaradas, “es necesario que los tomadores de decisión tengan en cuenta que por sí misma esta política no permitiría reducir las grandes desigualdades socioeconómicas en salud relacionadas con la alimentación”.

 

Por ello, la medida del Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país de aumentar el impuesto selectivo al consumo a las bebidas azucaradas y alcohólicas —porque generan costos a la sociedad que todos los peruanos terminamos pagando— es una política que no debe ir sola, sino acompañada por políticas promocionales y preventivas como las que recomiendan las OMS y la FAO. Recordemos que una mala alimentación y condiciones socioeconómicas como la pobreza, la falta de acceso al agua potable y servicios básicos de salud afectan el bienestar y la calidad de vida de los peruanos. No debemos bajar la guardia.

Por Janice Seinfeld y Óscar Ugarte

 

Pórtense bonito, pecadores, por Janice Seinfeld

Dos episodios recientes podrían dar a entender, espero erróneamente, que el Poder Ejecutivo ha cedido su responsabilidad rectora al Congreso de la República. Textos escolares sobre la “virginidad conservada” para evitar el embarazo adolescente y la aprobación del etiquetado nutricional para fomentar una alimentación más saludable en la población sugieren que el Parlamento busca plantear políticas públicas. Veamos.

Durante meses hemos sido testigos del debate entre la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y el Ministerio de Salud (Minsa) sobre cómo etiquetar alimentos y bebidas procesados. La primera defendía el semáforo nutricional (rojo, ámbar y verde); el segundo, los octógonos negros. La primera aprobó el semáforo; el segundo observó la ley. Tras reuniones de consenso entre ambas partes, el Congreso aprobó octógonos pero rojos. ¿Por qué tantas idas y vueltas? Porque al incluir este tema en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, el Congreso le otorgó rango de ley cuando, por competencias, debía ser un asunto reglamentario que definiera el Minsa como ente rector especializado.

Más escandalosa ha sido la denuncia de textos escolares distribuidos en escuelas públicas que consideran una visión parcial de la época de violencia en el país entre los años 1980 y 2000 y contienen artículos que atentan contra la libertad sexual. Inicialmente, el Ministerio de Educación (Minedu) negó la presencia de “contenidos sesgados”, pero eso era ignorar al elefante en la sala.

Cuando la viceministra de Gestión Pedagógica fue preguntada por Ojo Público sobre por qué convocaban a políticos –además de académicos– para revisar estos textos, respondió: “No se olvide de que en el Congreso existe una Comisión de Educación. A ellos los hemos invitado también. La idea es tener variedad de opiniones y ya ve usted cómo han podido aportar a las cuestiones pedagógicas”. (¡!) Es cierto que a dichos talleres se invitó a personalidades de distintas tiendas políticas, pero el acento conservador del material escolar parece ser incuestionable.

Una explicación verosímil parece estar en el tuit de Con Mis Hijos No Te Metas que retuiteó el congresista no agrupado Julio Rosas: “Al parecer el MineduPeru no ha aprendido la lección. ¿Cuántos ministros tendrán que pasar hasta que entiendan la exigencia de los padres de familia?”. Es decir, o el ministro se porta bonito o lo sacamos. Y frente a esta amenaza, todo este escenario cobra sentido. Millones de soles del erario público destinados a promover una ideología, no a educar en diversidad. Son hechos que van más allá de la falta de control de calidad en materiales educativos. Revelan un enfoque que se buscó difundir y que, sorpresivamente, pasó todos los filtros en el Ministerio de Educación. Por fortuna, la actual gestión, con el respaldo del presidente de la República, ha ofrecido corregir este contenido.

Publicado en el Diario el Comercio

¿Políticas públicas sin sociedad civil?

Cuando hablamos de políticas públicas, la atención se centra casi inmediatamente en las acciones que debe llevar a cabo el Gobierno para lograr el bienestar de la sociedad. Sin embargo, aquellas organizadas por otros actores —como la sociedad civil— pueden ayudar a complementar la labor del Estado y a sacar adelante estas políticas. Por ejemplo, frente a la violencia contra la mujer vemos cómo, desde el año 1993, según ha declarado la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, existen “políticas del Estado para enfrentar esa problemática”. Claramente, estas medidas no han tenido efecto —como tampoco probablemente lo tendrá la anunciada “comisión de emergencia”—, y es la sociedad civil la que reclama un cambio de patrones culturales.

La sociedad civil incluye a todas aquellas organizaciones y redes que se ubican fuera del aparato estatal formal: ONG, grupos de afectados, asociaciones profesionales, cámaras de comercio, organizaciones religiosas, instituciones académicas, sociedades culturales, entre otras. Su trabajo nace de la motivación por el interés público y no del beneficio personal. De allí su preocupación por temas como los derechos humanos, la salud, la educación y la lucha contra la corrupción.

Una sociedad civil fuerte y organizada tiene más capacidad y autonomía para exigir el cumplimiento de sus derechos, puede promover cambios y asegurar la correcta inversión de los fondos públicos, la adecuada implementación de las políticas estatales y la incorporación de cuestiones básicas como interculturalidad y género en las agendas y los planes del Estado. Es más, su participación es reconocida en el marco normativo nacional y regional: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 17, la incluye como parte de los principales actores con los cuales coordinar las políticas nacionales y sectoriales del Gobierno central. Y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales promueve su participación en la fiscalización de la gestión administrativa regional, cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios.

Sin embargo, la participación de la sociedad civil también enfrenta retos: al estar fragmentada, sus representantes no necesariamente llevan la voz colegiada de sus miembros, y su participación es predominantemente voluntaria, por lo que deben compartir sus actividades de representación con su trabajo. Además, pueden tener posiciones contrapuestas frente a un mismo tema, como es el caso de la inclusión del enfoque de género en el currículo nacional.

En un mundo cada vez más interconectado, ¿qué mecanismos podemos emplear para fomentar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de un país? Por ejemplo, ¿puede la tecnología promover Gobiernos más inteligentes y participativos? Un análisis interesante lo encontramos en el libro “Civic Tech: Assessing Technology for the Public Good”, del Banco Mundial (2017). Estudia el uso de 23 plataformas digitales diseñadas para aumentar la participación de los ciudadanos y mejorar la prestación de servicios.

Los autores plantean dos preguntas centrales: ¿la tecnología facilita la participación de los individuos que están habitualmente excluidos? En otras palabras: ¿fortalece aún más a las personas que ya están empoderadas? Y la segunda pregunta se refiere a la capacidad de respuesta del Gobierno, pues contestar hoy es más difícil que nunca dada la avalancha de información. Estas dos interrogantes son un punto de partida interesante para discutir y lanzar propuestas, pues debemos tener claro que, como sociedad civil, podemos impactar directamente en nuestro desarrollo. Los verdaderos cambios sociales los impulsamos todos nosotros.

Por María del Pilar Pinto de la Sota

Anemia en gestantes en el Perú, ¿cuál es la solución? (Parte 2)

El porcentaje de gestantes con anemia en el Perú según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del 2017 es de 29.6%. Una de las principales dificultades para prevenir y reducir su prevalencia es la falta de adherencia a la suplementación con hierro y ácido fólico. Es decir, las gestantes no siempre toman todas las tabletas que les son recetadas.

¿Qué hacer para que efectivamente cumplamos con el tratamiento? Pues empezar por entender por qué se da este incumplimiento. En Videnza Consultores proponemos intervenciones que ayuden a reducir este problema. Aquí algunas de ellas:

 

  • Suplementación informada: si bien el Estado ha logrado avances importantes en asegurar la disponibilidad de los suplementos en los establecimientos de salud, este paso no es suficiente. Por un lado, se debe buscar que el tipo de suplemento que se entrega tenga la mayor aceptabilidad posible, generado por ejemplo los menores efectos secundarios. Por otro lado, se requiere capacitar y sensibilizar al personal de salud involucrado sobre la importancia de informar a las gestantes sobre la anemia, sus efectos, la importancia de la suplementación y cómo manejar sus posibles efectos secundarios.

 

  • Atención inmediata a las gestantes con anemia: a los tiempos de espera normalmente elevados del sistema de salud público, la gestante diagnosticada con anemia debe sumar una serie de visitas al centro de salud antes de recibir las tabletas de hierro y ácido fólico. Urge, por tanto, examinar los flujos de atención para hacerlos más eficientes.

 

  •  Mensajes de texto (SMS) o voz: estudios encuentra que el uso de SMS mejora las tasas de adherencia al tratamiento médico en 15-18%. En Perú, el uso de SMS en zonas urbanas o de mensajes de voz en zonas rurales puede ser efectivo para mejorar la adherencia al tratamiento. Se recomienda implementar un sistema de mensajería con recordatorios sobre la suplementación e información de salud útil para el periodo gestacional.

 

  • Acompañamiento y consejería a través de visitas domiciliarias: los expertos consultados aconsejan implementar visitas domiciliarias a las gestantes para monitorear y reforzar la adherencia a la suplementación, brindar información nutricional y absolver dudas. Estas visitas podrían estar a cargo de agentes comunitarios en salud y ser complementarias a las que la norma de salud establece actualmente. Se debe evaluar la posibilidad de que los municipios distritales los retribuyan por su labor.

 

Un grupo al que debemos prestar especial atención son las adolescentes gestantes, pues sus propias características biológicas y psicológicas las hacen altamente vulnerables: tienen 1.36 veces el riesgo de presentar anemia. Establecer un plan de suplementación de hierro en adolescentes, independientemente de si están o no embarazadas, es una intervención que el Ministerio de Salud debería analizar.

Desde Videnza Consultores estamos comprometidos con implementar políticas que disminuyan la anemia en gestantes.

Por Janice Seinfeld

Un remedio peor que la enfermedad, por Janice Seinfield

“La solución no pasa por crear nuevas instituciones, sino por mejorar la gestión de las existentes”, resalta la directora de Videnza Consultores y profesora de la Universidad del Pacífico

A inicios de año, a propósito de la compra de Química Suiza por parte de Intercorp y la consecuente concentración y reconfiguración del mercado retail de medicamentos en el país, advertimos del peligro de los ímpetus populistas que empezábamos a ver en ciertas autoridades.

Desde entonces, distintas bancadas del Congreso de la Repúblicahan presentado propuestas legislativas que plantean el control de precios de medicamentos. Estos afanes intervencionistas son un constante ‘déjà vu’ dirigido a las tribunas, pero de nefasto efecto económico: al desincentivar la producción y comercialización de medicamentos generan escasez, aumentan la informalidad y perjudican el acceso a los productos que se busca proteger.

El legislador Javier Velásquez Quesquén, por ejemplo, propone crear un órgano regulador de precios máximos de medicamentos básicos, cuyo jefe sea designado por los ministerios de Salud y de Economía y Finanzas. ¿Cómo se fijarían dichos precios? ¿Qué medicamentos abarcaría? Y lo más incomprensible: si estas políticas no han funcionado antes, ¿qué lo lleva a pensar que funcionarán ahora y que el nuevo órgano operará en mercados dinámicos eficientemente? Similares argumentos tienen sus colegas Héctor Becerril y Yonhy Lescano.

Según la regulación moderna, lo importante es generar condiciones que favorezcan la competencia en los mercados público y privado, pues permite disminuir los precios y mejorar la calidad de los productos. Además, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, urge promover los medicamentos genéricos de calidad, principal mecanismo para abaratar costos y fomentar el acceso entre la población.

Para lograr lo anterior, un punto esencial es optimizar los procesos de compras corporativas de medicamentos desde el Estado. Este debe aprovechar su poder monopsónico —es el comprador de medicamentos por excelencia—para, negociando y gestionando con transparencia y eficacia, conseguir los menores precios.

En nuestro país existe el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que compra gran parte de los productos farmacéuticos requeridos en todo el país. Sin embargo, en los últimos años ha tenido importantes demoras: las compras previstas para el 2017 se retrasaron siete meses y las del 2018 se acaban de convocar. Más aun, la debilidad en la información de la programación de las necesidades y requerimientos impide convocar procesos multianuales.

Asimismo, deben desarrollarse estrategias como la homologación de medicamentos —que permite simplificar la definición de aspectos técnicos y reducir la discrecionalidad y el direccionamiento de las compras—, y el uso del catálogo electrónico para el acuerdo marco, trabajando de la mano con la central de compras públicas Perú Compras. A la par de ganar oportunidad y transparencia, esto permitirá repensar el rol de comprador del Estado ante el escenario de integración vertical en el sector privado.

En suma, necesitamos ordenar la casa y que cada quien haga su labor. La solución no pasa por crear nuevas instituciones, sino por mejorar la gestión de las existentes. Las medidas populistas solo llevan a perder tiempo y dinero, lo que afecta a los ciudadanos que, irónicamente, sus promotores dicen defender.

Por:  Janice Seinfeld

Publicada en el Comercio el 19 de mayo del 2018

Estándares de datos en salud

Lo invito a visitar, al mediodía o por la noche, un restaurante o bodega que tenga un televisor encendido. Seguro comprobará que sintonizan los intonsos “realities”, muestra de estos tiempos de extraversión bombardeados por sensaciones, datos e información que no aportan conocimiento y, obviamente, no construyen un mejor país.

Creo que la mayoría de peruanos compartimos la perspectiva que el desarrollo de una sociedad basada en información es importante, incluso para nuestra propia vida. Veamos algunos conceptos clave: los datos son hechos sin relación entre sí —como la serie de números 280721—, mientras que la información es un conjunto de datos a los que se les da sentido mediante un vínculo o una descripción —28 de julio del 2021, por ejemplo—. El conocimiento, a su vez, es un conjunto de representaciones entretejidas basadas en información y que incluyen análisis, interpretación y argumentación. Es lo que nos lleva a saber que la fecha presentada es la del bicentenario de la Independencia del Perú, hito para reflexionar y lograr cambios relevantes.

Más información, mayor bienestar

El desarrollo de este proceso (datos, información, conocimiento) es relevante al abordar temas críticos como la salud de las personas. Por ejemplo, ¿somos conscientes del riesgo que corremos si nos administran un medicamento al cual somos alérgicos? ¿O que para un médico es difícil conocer en tiempo real la disponibilidad de camas hospitalarias o los servicios de emergencia en los centros hospitalarios de su ciudad? Imagínese qué pasaría si alguno de nosotros o un familiar los requiere. Estas situaciones se pueden y se deben evitar.

Para empezar a construir este ciclo virtuoso, el Estado debe aplicar un concepto ya normado en el DS 024-2005, pero que hasta la fecha no se implementa: las identificaciones estándar de datos en salud (IEDS). Estas definen un “idioma” común para registrar y conocer quiénes son las personas y cuáles son sus dolencias, los procedimientos y los tratamientos que necesitan, así como dónde los recibieron. Esta información facilita la atención en los servicios de salud y permite tomar mejores decisiones.

Si bien los países vecinos empezaron este camino años después que el Perú, han avanzado bastante más. En Chile y Colombia se ha progresado mucho en la implementación de la historia clínica electrónica, y en Argentina se emplea estándares de información para la trazabilidad de los medicamentos de mayor riesgo o alto costo. ¿El secreto? La persistencia de una decisión en el tiempo, con equipos renovados periódicamente, pero que mantienen una línea de trabajo constante.

¿Nuestro país, con tanto “ruido”, podrá lograr la reflexión y firmeza necesarias para que los gestores públicos —a pesar de que son eventualmente reemplazados— tomen una decisión al respecto y la mantengan en el tiempo? Difícil, pero no imposible. Una fecha tan importante como el bicentenario nos lo impone.

Por : César Amaro

Lo que los estudiantes venezolanos pueden enseñarnos

Si bien el aspecto pedagógico es fundamental en la escuela, también lo es el aspecto no pedagógico. ¿A qué nos referimos?

Hoy vemos cómo niños venezolanos —cuyas familias han debido migrar al Perú dada la crisis política y social de su país— se están incorporando a las escuelas peruanas. Según Andina, el 2017 y en lo que va de este año, el Ministerio de Educación ha reconocido la validez de 1,652 certificados de estudios básicos de primaria y secundaria correspondientes a niños y jóvenes venezolanos con la finalidad de que continúen sus estudios en nuestro país.

Enhorabuena por ellos y también por nuestros alumnos, porque podrán enriquecerse de vincularse con una cultura distinta. Toca a los docentes y a los padres de familia desde casa inculcar el respeto y fomentar espacios de interés por explorar las diferencias y descubrir las similitudes. Desde aspectos tan cotidianos como que el deporte más popular en Venezuela es el béisbol, pero acá deben aprender a jugar fútbol —y, ojalá, enseñar a sus compañeros a jugar béisbol—.

Uno de los principales retos de la escuela es ser un espacio donde la atención a las diferencias sea interiorizada de manera adecuada. Para que la educación sea inclusiva, el sistema escolar debe apuntar a la formación basada en el respeto a las diferencias y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, orientación sexual, edad, etc.

El verdadero problema está en que a estas situaciones iniciales que vive este alumnado, en muchas ocasiones, se le suman contextos de marginación familiar, conflictos interpersonales, problemas de adaptación y frustración, rechazo al colegio, desconfianza ante un sistema educativo nuevo, escasez de recursos que los lleva a tener que trabajar, etc. Todo ello traslada al centro educativo una problemática que sobrepasa su quehacer.

Si bien es un desafío, debemos verlo como una oportunidad. Acerquémonos a una educación más intercultural que parta de la reciprocidad de interrelaciones y se dirija a todos, no solo a los alumnos migrantes. Busquemos construir significados comunes que hagan posible una integración mutuamente enriquecedora. Y eso nos involucra a todos, no solo a la escuela. Recordemos, además, que hace no muchos años miles de peruanos debieron emigrar para buscar un futuro mejor. Hoy nos toca ser recíprocos, solidarios y, en el camino, enseñar a nuestros hijos a respetar la diversidad y aprender de ella.

Por:   María del Pilar Pinto De La Sota

¿Y si los peruanos empleamos nuestro sentido común?

0″ src=”http://blogs.gestion.pe/evidencia-para-la-gestion/wp-content/uploads/sites/92/2018/02/iMAGEN-cPESA-bLOG-150-PP-01.jpg” alt=”iMAGEN cPESA bLOG 150 PP-01″ width=”3200″ height=”1333″ />

¿Qué tienen en común una niña “perdida” en Canto Rey hallada muerta y violentada, con el choque de un camión y un bus en Pasamayo que deja regados decenas de muertos, con un mal policía pidiendo coima en algún lugar del país fuera del alcance de los ojos de sus superiores, con la carencia de medicamentos en cualquier establecimiento de salud público?

Además de ser hechos indeseables que afectan a seres humanos y muestran la poca institucionalidad e inoperancia del Estado, son evidencia de un problema tal vez no tan obvio: la escasa trazabilidad de una persona, vehículo o bien con la oportunidad y la eficiencia requeridas.

El concepto para avanzar en la solución

¿Sabía usted que una ley reglamentada hace 15 años creó el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, pero que hoy este prácticamente no existe? ¿Sabía usted que es obligatorio que un vehículo motorizado cuente con revisión técnica periódica, pero que no hay forma de “marcarlo” digitalmente en el sistema para detectar a los propietarios y conductores incumplidos? ¿Sabía usted que un policía en servicio tiene una ruta de patrullaje establecida por su superior, pero que no se emplean tecnologías de información para supervisar su ejecución? ¿Sabía usted que el Seguro Integral de Salud (SIS) financia los medicamentos de la mayoría de las personas que acuden a los establecimientos de salud públicos, pero no verifica informáticamente si se han entregado las medicinas que indican cada una de sus recetas?

Entonces, ¿qué hacer? ¿Promover más leyes, para incumplirlas y seguir ahogados en una montaña de papel que no agrega valor ni bienestar a la sociedad? ¿O tomar otro tipo de decisiones?

Una salida diferente es implementar la trazabilidad como piedra de toque para identificar a una persona, vehículo o bien en cualquier sistema de información público decentemente organizado.

La trazabilidad, una adaptación de la palabra traceability en inglés, según la RAE esla posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo”. Ampliando el concepto y aplicándolo para solucionar algunas de nuestras dificultades actuales, empecemos exigiendo a la Reniec que cumpla su meta original de lograr que el 80% de los peruanos contemos con un DNI electrónico en el bicentenario del Perú. La pronta inclusión de funcionarios públicos a esta acción permitirá medir su desempeño y simplificar su labor mediante el uso de la firma digital. Prioricemos, también, la identificación electrónica de personas vulnerables (niños, ancianos y quienes requieran de cuidados especiales en su salud), pues como sociedad tenemos la obligación de protegerlas. Exijamos que se terminen de implementar y usen las soluciones de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los establecimientos de salud públicos para el registro de datos de la prestación, lo que evitará la dependencia de información “estadística” inexacta con riesgo moral y, además, eliminará formatos redundantes.

Invirtamos más en lo importante: sistemas de información para gestionar con transparencia los recursos y tomar buenas decisiones. Ello permitirá instaurar una práctica exigida por todos: la rendición de cuentas del uso del dinero público.

Más allá de la indignación y dolor que los casos mencionados nos puedan provocar, evitemos caer en el rasgo de locura de hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener un mejor resultado. Rompamos el ciclo de ser un país con un Estado que no acumula conocimiento. Miremos alrededor de nuestras fronteras y veamos que nuestros vecinos ya nos superan en orden, progreso e institucionalidad sin hacer mucho ruido.

¿Nos ponemos a laborar en esa dirección?

Ruido político, Gobierno débil: ¿y las políticas de Estado?

El último año ha estado marcado por la inestabilidad y la incertidumbre política. Inestabilidad que alcanzó su punto más álgido con el pedido de vacancia presidencial en diciembre y que, tras el indulto a Alberto Fujimori, no tiene visos de disminuir. Sin entrar a debatir sobre el porqué de la crisis política o emitir juicio alguno sobre las decisiones tomadas, lo cierto es que todo este ruido político tiene un impacto negativo sobre la economía del país. Al respecto, existe extensa literatura sobre la interacción entre la política, la economía y las finanzas que puede explicar cómo este ambiente de incertidumbre afecta la confianza de los agentes económicos, lo que se traduce en menor consumo e inversión privada y, por ende, en menor crecimiento. El economista Carlos Parodi explica de manera muy sencilla las razones por las cuales el ruido político en el Perú afecta la economía.

Leer más

La Contraloría en buenas manos

Desde que abrimos este espacio hemos siempre insistido en la importancia de la buena gestión pública. Sin ella se compromete la cantidad y la calidad de la provisión de bienes y servicios que el Estado debe brindar a los ciudadanos. Por lo general, el análisis de la gestión pública a nivel de opinión pública se restringe a evaluar si se gastó mucho o poco, y no se enfoca en si se gastó bien o mal. Y a veces, lamentablemente, los que gastan un alto porcentaje de su presupuesto no necesariamente lo gastan bien. Por ello, es fundamental que la gestión pública se oriente más hacia resultados y no se centre exclusivamente en la capacidad de gasto.

Leer más