Tecnología en favor de la salud, por Janice Seinfeld

Desde hace unos años, diversos especialistas venimos promoviendo el uso de las evaluaciones de tecnologías sanitarias convencidos de que pueden contribuir a una adecuada toma de decisiones en el sector salud y a un uso más eficiente de los recursos públicos. Essalud acogió la recomendación y en el 2015 creó el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (Ietsi) que, como veremos, viene mostrando resultados auspiciosos.

Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son exhaustivos análisis multidisciplinarios de intervenciones en salud que, al ofrecer la mejor evidencia científica disponible, permiten un uso más eficiente de los recursos. Suponen estudiar la seguridad, eficacia y efectividad clínica de los medicamentos, así como su costo-efectividad, costo-utilidad e implicancias organizacionales y presupuestales. Todo lo anterior tomando en cuenta las consecuencias sociales y consideraciones éticas y legales de su aplicación. Al presentar información imparcial, mejoran la toma de decisiones y transparentan los procesos.

Hace unos días, el Ietsi recibió el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, que organizan el colectivo Ciudadanos al Día y la Universidad del Pacífico. Se reconoció el uso de las evaluaciones de tecnologías sanitarias para mejorar la toma de decisiones oportunas en la adquisición de medicamentos, dispositivos y equipos biomédicos en beneficio de los más de once millones de asegurados de Essalud en todo el país.

Entre los resultados conseguidos resalta que el tiempo de respuesta promedio por asegurado se redujo de 180 días en el 2015, a un máximo de tres semanas este año. Esto debido a que la autorización para cada paciente es ahora otorgada por el comité farmacológico local y ya no desde el nivel central.

Además, entre los años 2011 y 2017, Essalud pasó de destinar 70,5 millones de soles para atender adecuadamente a 547 pacientes, a brindar los mismos servicios a 1.100 asegurados invirtiendo 38,8 millones de soles. Es decir, se generan ahorros que permiten atender a más personas.

Aprovechando las buenas prácticas del Ietsi, debemos apuntar a consolidar una sola agencia a nivel nacional que evalúe las tecnologías sanitarias que ingresan al país y sea independiente del financiador; es decir, de la entidad que compra. Debemos evitar que cada institución evalúe sus propias tecnologías y más bien tener un organismo único, al estilo de The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido. Esto ofrecería certezas de por qué se opta por el ingreso de determinados medicamentos al país. Luego, ya cada asegurador decidiría cuál de ellos adquiere.

Hay muchas experiencias internacionales de las que podemos aprender, siempre adaptándolas a nuestra realidad. Sigamos pensando en cómo mejorar, transparentar y hacer más eficientes los servicios de salud que reciben los ciudadanos. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son una herramienta que está probando ayudar en esa ruta.

Extranjeros somos todos, por Janice Seinfeld

Lo que sucede en Venezuela es una crisis humanitaria en toda su extensión. El despreciable uso electorero que ciertos candidatos municipales y regionales han pretendido hacer de este éxodo y la compleja problemática que está suponiendo para el continente no deben hacernos perder de vista el tema de fondo: el reto compete y debe implicar a todos los países latinoamericanos y, por tanto, requiere de un enfoque multilateral coordinado que cuente con el apoyo de la cooperación internacional.

Hoy cada nación está aplicando sus propias medidas, con servicios públicos que difícilmente cubren las necesidades básicas de la población local. El desafío para los gobiernos es identificar las ventajas que trae la inmigración y plantear políticas públicas que integren este componente en su diseño y evaluación. Por ejemplo: el Estado Peruano tiene un déficit de 20.000 médicos, plazas que bien podrían ocupar profesionales venezolanos fuera de Lima, en localidades con necesidades mucho más urgentes que atender. Es decir, debemos aprovechar este contexto adverso para construir una agenda migratoria sólida, hoy inexistente, y para revisar las políticas públicas aún débiles, de cara a mejorarlas.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, unos 400.000 venezolanos han arribado a nuestro país huyendo de la desgracia en sus tierras. El último monitoreo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) precisa que el 34% de ellos gana el sueldo mínimo o menos, el 85% trabaja sin contrato y el 65% tiene algún nivel de educación superior. Además, cerca del 62% trabaja en los sectores comercial, turismo, restaurantes y/o entretenimiento, mientras que el 9% lo hace en construcción, manufactura e industria.

Por su condición de vulnerabilidad, los migrantes –y ni qué decir de aquellos que solicitan refugio– presentan diferentes retos en salud, sobre todo si se enfrentan a ambientes inseguros o a condiciones sociales adversas. Literatura académica sobre servicios de salud entre migrantes adultos revela que utilizan menos servicios de salud excepto para hospitalizaciones, que es mayor incluso que entre la población local. Además, los niños nacidos de madres con antecedentes inmigratorios tienen una mayor incidencia de muerte fetal intrauterina, muerte neonatal, parto prematuro y bajo peso al nacer, algunas enfermedades infecciosas, obesidad, y tasas más altas de cavidades dentales y de ciertos trastornos mentales.

En México, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, garantiza el acceso a la salud a todos los residentes del territorio nacional, incluidos los extranjeros con residencia temporal o permanente. En nuestro país, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud garantiza incorporar a todos los residentes, incluyendo extranjeros. Con sanear su estatus legal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores queda expedita su incorporación al Seguro Integral de Salud (SIS), hoy con alrededor de 17 millones de afiliados. Esta entidad evidentemente requerirá de una mayor inyección de recursos para poder brindar mejores servicios de salud a los peruanos y extranjeros que lo necesiten. Sin embargo, el Colegio Médico del Perú ha alertado que el proyecto de presupuesto 2019 vendría con recortes en salud, lo cual sería inadmisible.

Complementariamente, debemos apuntalar la labor que están brindando organizaciones católicas y no gubernamentales. Además, activar el sistema de Naciones Unidas para ofrecer apoyo médico a los venezolanos que llegan al país, realizar campañas de vacunación para evitar problemas sanitarios prevenibles, poderlos insertar formalmente en los sistemas educativos y laboral, y verificar que su ingreso sea ordenado, informado y seguro.

En este espacio celebramos la solidaridad y defendemos la política de fronteras abiertas, pero urge para ello plantear estrategias transversales que permitan, a la brevedad posible, combatir esta crisis.

Publicado en el diario El Comercio

Informalidad: retos para transformar un riesgo en oportunidad

Informalidad: retos para transformar un riesgo en oportunidad

Las últimas semanas han sido muy duras para el país, pues como ciudadanía hemos sido testigos de la corrupción que aqueja a varios de los principales organismos del Estado. Sin embargo, pese a nuestra frágil institucionalidad, el Perú retoma el liderazgo del crecimiento económico en Latinoamérica: el BCR ha anunciado que revisará al alza su proyección de 4% del crecimiento del producto bruto interno (PBI) para el 2018 por “una robusta recuperación de la actividad económica”.

Este escenario ocurre a pesar de persistir una baja productividad acompañada de una economía informal extendida. Es decir, en perspectiva, nuestra capacidad de crecimiento es mayor.

Analicemos con más detenimiento la informalidad en sus dos dimensiones: el sector y el empleo.

El sector informal agrupa a las unidades productivas no registradas en la administración tributaria; es decir, las que no pagan impuestos. Aunque está conformado por aproximadamente 7 millones de unidades, representa menos de la quinta parte del PBI.

El empleo informal es aquel que no goza de los beneficios definidos por ley: seguridad social, gratificaciones, vacaciones pagadas, etc. En el Perú, según el INEI, casi tres de cada cuatro trabajadores de la población económicamente activa (PEA) ocupada se desempeñan en un empleo informal.

Pero el dato quizá más elocuente de nuestra realidad es que el empleo informal en el ámbito rural asciende a más del 95% (2017). Es decir, en el campo el sector formal hoy no existe.

En 1940, el Perú era un país donde el 65% de la población residía en la sierra y solo el 28.3% en la costa. Solo cinco departamentos tenían una población predominantemente urbana: Arequipa, Lambayeque, Lima, San Martín y Tacna.

Pero en el año 2015, el INEI calculó que la población rural se redujo a solo 23.3%. Y los primeros resultados del censo 2017 precisan que apenas 28.1% de peruanos aún viven en la sierra, mientras que la costa alberga al 58% de peruanos. Ratifican, además, un centralismo por corregir, pues Lima concentra al 29.2% de la población total. Es decir, en un periodo de 77 años, en el cual han discurrido algo más de dos generaciones, los peruanos, sobre todo de la sierra, nos hemos instalado en ciudades, principalmente de la costa.

 

El Estado no ha sido capaz de capitalizar este enorme flujo humano, el que a su vez ha contribuido a la emergencia de una cultura emprendedora, pero signada de informalidad, en un escenario de pobre institucionalidad.

 

Hace algunos años los profesores del MIT y Harvard, Daron AcemogluJames A. Robinson, publicaron “Por qué fracasan los países. Los orígenes de la prosperidad y la pobreza”, donde destacaban el valor de las instituciones como elemento clave del devenir de los países.  Ellos proponen dos conceptos relacionados interesantes.

  • Institución económica extractiva, que promueve la concentración de la riqueza y el poder en manos de una reducida élite, que incluso puede cometer el error de oponerse al desarrollo industrial y a la adopción de nuevas tecnologías, pues la mano de obra barata es una de las razones para no cambiar.
  • Institución económica inclusiva, que desconcentra la riqueza y el poder, y promueve la competencia en un entorno de desarrollo y movilidad social, lo que genera una amplia clase media con mayor educación.

Estos autores, a partir de un análisis sustentado en numerosos ejemplos históricos, plantean cómo las instituciones económicas inclusivas generan prosperidad y riqueza, mientras que las instituciones económicas extractivas solo conducen al estancamiento y la pobreza de sus países.

 

Riesgos y oportunidades

El Perú es un país urbano, pero con un software mental rural, pues la mayoría de citadinos somos migrantes o hijos de migrantes. A ello se suma una débil institucionalidad que, como vemos, acentúa el deterioro social. Es decir, somos un país que aún no ha logrado articular un proyecto común.

Este escenario, a pesar de su apariencia, constituye un terreno para los riesgos, como la insurgencia de algún outsider que nos lleve al abismo del autoritarismo, o a las oportunidades si construimos una agenda para el desarrollo de instituciones políticas y económicas inclusivas. Seamos optimistas, los peruanos ya hemos demostrado nuestra capacidad para ejercer ciudadanía y superar etapas adversas.

No olvidemos que atravesamos por el periodo de oportunidad en que la proporción de personas en edades potencialmente productivas (15 a 64 años) crece de manera sostenida en relación a las personas potencialmente inactivas (menores de 14 y mayores de 65 años). Conocido como bono demográfico, es un escenario favorable para el desarrollo que debe ser capitalizado.

¿Convertimos el riesgo de la informalidad en una oportunidad?

Por César Amaro, Investigador Principal de Videnza Consultores

Pórtense bonito, pecadores, por Janice Seinfeld

Dos episodios recientes podrían dar a entender, espero erróneamente, que el Poder Ejecutivo ha cedido su responsabilidad rectora al Congreso de la República. Textos escolares sobre la “virginidad conservada” para evitar el embarazo adolescente y la aprobación del etiquetado nutricional para fomentar una alimentación más saludable en la población sugieren que el Parlamento busca plantear políticas públicas. Veamos.

Durante meses hemos sido testigos del debate entre la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y el Ministerio de Salud (Minsa) sobre cómo etiquetar alimentos y bebidas procesados. La primera defendía el semáforo nutricional (rojo, ámbar y verde); el segundo, los octógonos negros. La primera aprobó el semáforo; el segundo observó la ley. Tras reuniones de consenso entre ambas partes, el Congreso aprobó octógonos pero rojos. ¿Por qué tantas idas y vueltas? Porque al incluir este tema en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, el Congreso le otorgó rango de ley cuando, por competencias, debía ser un asunto reglamentario que definiera el Minsa como ente rector especializado.

Más escandalosa ha sido la denuncia de textos escolares distribuidos en escuelas públicas que consideran una visión parcial de la época de violencia en el país entre los años 1980 y 2000 y contienen artículos que atentan contra la libertad sexual. Inicialmente, el Ministerio de Educación (Minedu) negó la presencia de “contenidos sesgados”, pero eso era ignorar al elefante en la sala.

Cuando la viceministra de Gestión Pedagógica fue preguntada por Ojo Público sobre por qué convocaban a políticos –además de académicos– para revisar estos textos, respondió: “No se olvide de que en el Congreso existe una Comisión de Educación. A ellos los hemos invitado también. La idea es tener variedad de opiniones y ya ve usted cómo han podido aportar a las cuestiones pedagógicas”. (¡!) Es cierto que a dichos talleres se invitó a personalidades de distintas tiendas políticas, pero el acento conservador del material escolar parece ser incuestionable.

Una explicación verosímil parece estar en el tuit de Con Mis Hijos No Te Metas que retuiteó el congresista no agrupado Julio Rosas: “Al parecer el MineduPeru no ha aprendido la lección. ¿Cuántos ministros tendrán que pasar hasta que entiendan la exigencia de los padres de familia?”. Es decir, o el ministro se porta bonito o lo sacamos. Y frente a esta amenaza, todo este escenario cobra sentido. Millones de soles del erario público destinados a promover una ideología, no a educar en diversidad. Son hechos que van más allá de la falta de control de calidad en materiales educativos. Revelan un enfoque que se buscó difundir y que, sorpresivamente, pasó todos los filtros en el Ministerio de Educación. Por fortuna, la actual gestión, con el respaldo del presidente de la República, ha ofrecido corregir este contenido.

Publicado en el Diario el Comercio

“De atender a enfermos a prevenir enfermedades”, por Janice Seinfeld

La gestión de la ministra de Salud, Silvia Pessah, está trabajando –con el apoyo técnico del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo– en el diseño de un sistema que podría realmente cambiar la calidad del servicio que hoy recibimos los peruanos. Se trata del sistema de redes integradas de salud que, adecuadamente implementado, permitirá acercar de forma eficiente la oferta sanitaria al ciudadano y fortalecer el primer nivel de atención con un enfoque territorial.

Al poner énfasis en la prevención y atención temprana de enfermedades como la diabetes, hipertensión, entre otras, permitirá ahorrar recursos al Estado en el futuro. La idea es no esperar que los pacientes requieran de atenciones complejas, cuando las enfermedades prevenibles ya hicieron estragos importantes en su salud.

En la última década, la estrategia de aseguramiento universal y un incremento del presupuesto público han permitido avanzar significativamente en proteger a las personas más vulnerables, a través del Seguro Integral de Salud. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de salud integrados organizados horizontalmente para toda la población, el nuestro está organizado verticalmente por un grupo de población y un subsistema de salud. Cada asegurador atiende a su población objetiva con su propio plan de beneficios y en sus propios establecimientos. Es decir, la prestación está fragmentada y los subsistemas de salud coexisten con escasa interrelación, aplicando sus propias reglas y mecanismos, y un manejo limitado de los riesgos sanitarios.

Por poner un ejemplo de las ineficiencias que genera el sistema actual, los servicios de salud fragmentados pueden hacer que en una misma plaza provincial tengamos tres hospitales: a un lado, el del gobierno regional; al otro, el de Essalud; y, finalmente, el privado, cada uno requiriendo equipamiento, mantenimiento y operación.

Probablemente los mismos médicos trabajan en los tres establecimientos en distintos horarios. Los pacientes llegan al sistema con enfermedades en estadio avanzado y la atención se vuelve más compleja y costosa. Las redes integradas de salud permitirían que, en un ámbito determinado, un conjunto de entidades prestadoras de salud públicas y privadas, de diferente capacidad resolutiva, actúen coordinadamente para brindar atención integral, continua y oportuna enfocada en las necesidades de salud de la población, con énfasis en la prevención. Hay miles de establecimientos en el país que requieren este enfoque.

Un ejemplo interesante para considerar es el sistema prestacional de Cataluña. Su asegurador, Catsalut, compra servicios de salud a proveedores públicos y privados organizados en redes prestacionales según su ordenamiento territorial. Los planes de salud se establecen cada cuatro años con objetivos concretos para aplicar la política de salud, pero son monitoreados anualmente. La entrada del paciente en la red es por un centro de atención primaria, salvo casos de urgencia y emergencia. Este aspecto es fundamental para nuestro sistema.

Ex ministros de Salud de distintos períodos gubernamentales han firmado un pronunciamiento apoyando al Gobierno y a la ministra Pessah en esta tarea. Afirman que debe ser considerada una política de Estado “por ser la estrategia más importante para lograr servicios de salud dignos, accesibles y de calidad, validados con la participación de la población”.

La organización de la prestación en redes integradas será clave para mejorar la eficiencia del sistema, la calidad de las prestaciones y el estado de salud de la población. Su relevancia y correcta implementación merecen el apoyo de todos.

Publicado en el diario El Comercio

¿Políticas públicas sin sociedad civil?

Cuando hablamos de políticas públicas, la atención se centra casi inmediatamente en las acciones que debe llevar a cabo el Gobierno para lograr el bienestar de la sociedad. Sin embargo, aquellas organizadas por otros actores —como la sociedad civil— pueden ayudar a complementar la labor del Estado y a sacar adelante estas políticas. Por ejemplo, frente a la violencia contra la mujer vemos cómo, desde el año 1993, según ha declarado la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, existen “políticas del Estado para enfrentar esa problemática”. Claramente, estas medidas no han tenido efecto —como tampoco probablemente lo tendrá la anunciada “comisión de emergencia”—, y es la sociedad civil la que reclama un cambio de patrones culturales.

La sociedad civil incluye a todas aquellas organizaciones y redes que se ubican fuera del aparato estatal formal: ONG, grupos de afectados, asociaciones profesionales, cámaras de comercio, organizaciones religiosas, instituciones académicas, sociedades culturales, entre otras. Su trabajo nace de la motivación por el interés público y no del beneficio personal. De allí su preocupación por temas como los derechos humanos, la salud, la educación y la lucha contra la corrupción.

Una sociedad civil fuerte y organizada tiene más capacidad y autonomía para exigir el cumplimiento de sus derechos, puede promover cambios y asegurar la correcta inversión de los fondos públicos, la adecuada implementación de las políticas estatales y la incorporación de cuestiones básicas como interculturalidad y género en las agendas y los planes del Estado. Es más, su participación es reconocida en el marco normativo nacional y regional: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 17, la incluye como parte de los principales actores con los cuales coordinar las políticas nacionales y sectoriales del Gobierno central. Y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales promueve su participación en la fiscalización de la gestión administrativa regional, cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios.

Sin embargo, la participación de la sociedad civil también enfrenta retos: al estar fragmentada, sus representantes no necesariamente llevan la voz colegiada de sus miembros, y su participación es predominantemente voluntaria, por lo que deben compartir sus actividades de representación con su trabajo. Además, pueden tener posiciones contrapuestas frente a un mismo tema, como es el caso de la inclusión del enfoque de género en el currículo nacional.

En un mundo cada vez más interconectado, ¿qué mecanismos podemos emplear para fomentar la participación de la ciudadanía en el desarrollo de un país? Por ejemplo, ¿puede la tecnología promover Gobiernos más inteligentes y participativos? Un análisis interesante lo encontramos en el libro “Civic Tech: Assessing Technology for the Public Good”, del Banco Mundial (2017). Estudia el uso de 23 plataformas digitales diseñadas para aumentar la participación de los ciudadanos y mejorar la prestación de servicios.

Los autores plantean dos preguntas centrales: ¿la tecnología facilita la participación de los individuos que están habitualmente excluidos? En otras palabras: ¿fortalece aún más a las personas que ya están empoderadas? Y la segunda pregunta se refiere a la capacidad de respuesta del Gobierno, pues contestar hoy es más difícil que nunca dada la avalancha de información. Estas dos interrogantes son un punto de partida interesante para discutir y lanzar propuestas, pues debemos tener claro que, como sociedad civil, podemos impactar directamente en nuestro desarrollo. Los verdaderos cambios sociales los impulsamos todos nosotros.

Por María del Pilar Pinto de la Sota

Estándares de datos en salud

Lo invito a visitar, al mediodía o por la noche, un restaurante o bodega que tenga un televisor encendido. Seguro comprobará que sintonizan los intonsos “realities”, muestra de estos tiempos de extraversión bombardeados por sensaciones, datos e información que no aportan conocimiento y, obviamente, no construyen un mejor país.

Creo que la mayoría de peruanos compartimos la perspectiva que el desarrollo de una sociedad basada en información es importante, incluso para nuestra propia vida. Veamos algunos conceptos clave: los datos son hechos sin relación entre sí —como la serie de números 280721—, mientras que la información es un conjunto de datos a los que se les da sentido mediante un vínculo o una descripción —28 de julio del 2021, por ejemplo—. El conocimiento, a su vez, es un conjunto de representaciones entretejidas basadas en información y que incluyen análisis, interpretación y argumentación. Es lo que nos lleva a saber que la fecha presentada es la del bicentenario de la Independencia del Perú, hito para reflexionar y lograr cambios relevantes.

Más información, mayor bienestar

El desarrollo de este proceso (datos, información, conocimiento) es relevante al abordar temas críticos como la salud de las personas. Por ejemplo, ¿somos conscientes del riesgo que corremos si nos administran un medicamento al cual somos alérgicos? ¿O que para un médico es difícil conocer en tiempo real la disponibilidad de camas hospitalarias o los servicios de emergencia en los centros hospitalarios de su ciudad? Imagínese qué pasaría si alguno de nosotros o un familiar los requiere. Estas situaciones se pueden y se deben evitar.

Para empezar a construir este ciclo virtuoso, el Estado debe aplicar un concepto ya normado en el DS 024-2005, pero que hasta la fecha no se implementa: las identificaciones estándar de datos en salud (IEDS). Estas definen un “idioma” común para registrar y conocer quiénes son las personas y cuáles son sus dolencias, los procedimientos y los tratamientos que necesitan, así como dónde los recibieron. Esta información facilita la atención en los servicios de salud y permite tomar mejores decisiones.

Si bien los países vecinos empezaron este camino años después que el Perú, han avanzado bastante más. En Chile y Colombia se ha progresado mucho en la implementación de la historia clínica electrónica, y en Argentina se emplea estándares de información para la trazabilidad de los medicamentos de mayor riesgo o alto costo. ¿El secreto? La persistencia de una decisión en el tiempo, con equipos renovados periódicamente, pero que mantienen una línea de trabajo constante.

¿Nuestro país, con tanto “ruido”, podrá lograr la reflexión y firmeza necesarias para que los gestores públicos —a pesar de que son eventualmente reemplazados— tomen una decisión al respecto y la mantengan en el tiempo? Difícil, pero no imposible. Una fecha tan importante como el bicentenario nos lo impone.

Por : César Amaro

Medidas para incrementar la competitividad de la papa

La semana pasada, productores de papa de distintas regiones, en especial de Junín, Huancavelica, Huánuco y Ayacucho, protestaron en contra del Gobierno debido al bajo nivel del precio del tubérculo prevaleciente en los mercados locales. De acuerdo con lo expresado por sus representantes a través de los medios de comunicación, el precio del kilo de papa pagado por los acopiadores a los productores había descendido de S/ 0.80 a S/ 0.10 debido a factores como la importación de papas precocidas. Como consecuencia de esta protesta, se han firmado algunas actas de entendimiento en las que el Estado se compromete, entre otras medidas, a comprarle hasta siete mil kilos por productor a un precio de S/ 1 por kilo, a revisar la política arancelaria y a difundir créditos a tasas de interés preferenciales con el fondo Agroperú.

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La Contraloría en buenas manos

Desde que abrimos este espacio hemos siempre insistido en la importancia de la buena gestión pública. Sin ella se compromete la cantidad y la calidad de la provisión de bienes y servicios que el Estado debe brindar a los ciudadanos. Por lo general, el análisis de la gestión pública a nivel de opinión pública se restringe a evaluar si se gastó mucho o poco, y no se enfoca en si se gastó bien o mal. Y a veces, lamentablemente, los que gastan un alto porcentaje de su presupuesto no necesariamente lo gastan bien. Por ello, es fundamental que la gestión pública se oriente más hacia resultados y no se centre exclusivamente en la capacidad de gasto.

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Reconstrucción y resiliencia: ejemplos exitosos a tomar en cuenta

A principios del 2010, dos fuertes sismos se registraron en la región de América Latina y el Caribe en un periodo de menos de dos meses. El primero, de una magnitud de 7.3 en la escala de momento, se localizó en Haití y, el segundo, de una magnitud de 8.8 en la misma escala, se registró en el sur de Chile. El primero ocasionó 316,000 muertes; el segundo, 525. El detalle que debe advertirse, sin embargo, es que el segundo sismo fue más de 500 veces mayor que el primero si se le mide por el equivalente a la cantidad de energía liberada durante el evento. ¿Por qué el sismo de Chile, siendo muchísimo más fuerte, produjo menos de 1% de víctimas fatales de las que se registraron en Haití? La respuesta es clara: en Chile hay una tradición de incorporar la gestión de riesgos de desastres en las políticas públicas.

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