De entrevistas y boticas, por Janice Seinfeld

El jueves último se difundieron dos entrevistas periodísticas que ilustran nuestro escenario político actual: una al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. La otra, al presidente de la República, Martín Vizcarra. 

Chávarry conversó con el periodista Fernando del Rincón, de la cadena internacional CNN. Arguyó que en el Perú “tenemos una prensa muy limitada como para llevar adelante nuestros comentarios e ideas”, afirmación que fue objetada por el entrevistador.

Al ser consultado sobre la exigencia, desde distintos sectores de la sociedad, de que deje el cargo dadas las investigaciones que se le siguen, replicó que eso sería aceptar su culpabilidad. Como sabemos, la Fiscalía Anticorrupción del Callao lo sindica –junto a otros once jueces, fiscales supremos y ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura– como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Del Rincón retrucó con claridad: “Dentro del ámbito de la justicia, y usted como administrador de justicia lo debe saber muy bien, no está en usted definir si forma o no parte de un grupo delincuencial. Está en manos de las autoridades que están llevando la investigación. Está en manos de aquellos que administran la justicia. Y el hecho de ser juez y parte puede complicar mucho las cosas”.

Finalmente, sobre el apoyo que recibió desde el chat La Botica de los congresistas de Fuerza Popular, el cuestionado funcionario señaló: “Me halaga porque me siento un hombre correcto”. En dichas conversaciones vimos cómo los parlamentarios opositores acordaron protegerlo, blindar al ex juez supremo César Hinostroza –presunto cabecilla de dicha organización criminal, hoy en Madrid–, y desprestigiar al fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez –a cargo de la investigación de dicho partido político y su lideresa–.

Horas antes de la difusión de esta entrevista, el presidente de la República, Martín Vizcarra, conversó con la periodista Rosa María Palacios. El mandatario recordó que el 28 de julio presentó siete proyectos de ley para ser revisados y aprobados por el Congreso de la República como parte de la reforma de la administración de justicia. Sin embargo, hasta el día de hoy siguen encarpetados. Insiste en que, además de su disposición a dialogar con la oposición, espera de ella acciones concretas.

Vizcarra también reveló que se reunió con el reconocido estratega empresarial Michael Porter. ¿Qué medidas urgentes recomendó el experto para mejorar la competitividad económica del país? Lucha contra la corrupción y mejora de los sistemas de administración de justicia, salud y educación. En ese orden.

Desde el Poder Ejecutivo se ha mostrado apoyo a las citadas investigaciones fiscales, mientras que fuerzas de oposición difunden absurdos rumores de un inminente golpe de Estado (¿?). El presidente Vizcarra ha reiterado que respeta la separación de poderes y que no tiene ninguna injerencia en la situación en la que está Keiko Fujimori –hay que ser justos en reconocer que el mérito de tremendo descalabro político corresponde enteramente a ella y su partido–.

Por nuestra parte, desde la sociedad civil debemos hacer explícito nuestro apoyo al equipo del fiscal José Domingo Pérez y al coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela Barba. Exijamos de una vez por todas el fortalecimiento del sistema de justicia y la identificación y retiro de los funcionarios corruptos.

En cuanto a la salud, el presidente se comprometió a reducir la anemia infantil al 20% para el 2021. Hoy, el 43,6% de niños menores de 36 meses la padece, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año pasado. Y agregó que están trabajando en una reforma de salud integral, fundamental para sacar un mejor partido al dinero invertido en sanidad. El enfoque de mejora de la atención primaria que está proponiendo el Ejecutivo vía las redes integradas de servicios de salud busca mantener a las personas más saludables mediante una atención centrada en el paciente y donde el contacto inicial ocurre en los establecimientos de salud del primer nivel.

No necesitamos aplausos protocolares; necesitamos poder avanzar en protocolos de salud que permitan mejorar la calidad de vida de los peruanos. No requerimos de oposiciones políticas que blinden a controvertidos personajes. Requerimos de autoridades honestas que velen por el fortalecimiento de los poderes del Estado y permitan avanzar en reformas estructurales como la de salud. Es decir, pasar de La Botica a pensar en el bienestar de la población. Y eso implica, entre otras medidas, consolidar un sistema de boticas públicas eficientemente abastecidas con medicamentos de primer orden.

Publicado en el Comercio

¿Y si decimos que el Plan AUGE es peruano?

En medio del agitado escenario político y judicial local, un tuit del Servicio Nacional de Turismo de Chile (Sernatur) generó reclamos de miles de internautas peruanos. En él anunciaban la presentación de los atractivos turísticos y gastronómicos chilenos en Brasil, entre los que incluirían el pisco sour y el ceviche peruanos como productos típicos suyos.

Aunque es evidente la superioridad de nuestra oferta culinaria, reconozcamos que Chile sí nos lleva la delantera en un aspecto primordial para el desarrollo de un país: su sistema de salud.

Por ello, con el atenuante de no ser la primera vez que este tipo de incidentes ocurren, propongo apropiarnos del Plan AUGE chileno, que hoy se denomina Plan de Garantías Explícitas de Salud y que asegura la cobertura de salud en el país del sur.

En vigencia desde agosto del 2004 —con una línea constante de construcción y errores corregidos—, el Plan AUGE ha subsistido a Gobiernos de tendencias distintas e incluso antagónicas. Pero, más importante que decir al mundo que el Plan AUGE es peruano, es laborar para hacer realidad uno parecido en el Perú y lograr la garantía explícita de acceso, que obliga a asegurar las prestaciones de salud; la garantía explícita de calidad, mediante la cual se otorga la atención de salud por un prestador acreditado; la garantía explícita de oportunidad, que establece un plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas en las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento; y, por supuesto, la garantía explícita de protección financiera, que incluye —de ser necesaria— la contribución, pago o copago máximo que deberá efectuarse por prestación o grupo de prestaciones considerando el monto de los ingresos de las personas.

Recientemente, Bloomberg, la empresa especializada en noticias de negocios y mercados, identificó los países con los sistemas de salud más eficientes, y aquellos que se encuentran en la otra orilla. Chile lidera al grupo de países de América del Sur. España destaca en el mundo al ocupar el tercer lugar en este ranking, detrás de Hong Kong y Singapur. Acorde a ello, ¿no deberíamos ver la valiosa experiencia española, principalmente en lo concerniente a la atención primaria de salud? (¡Y quizá apropiarnos también de los fundamentos de su sistema!). Olvidémonos de pensar en un hospital para cada provincia y reemplacemos este paradigma obsoleto por uno centrado en construir una red con un primer nivel de atención fortalecido, que brinde continuidad e integralidad al cuidado de la salud de cada peruano. Dejemos de concentrar de modo malsano el presupuesto de EsSalud únicamente en los dos hospitales de Lima, lo que, por ejemplo, solo perpetúa la saturación de atenciones que no son emergencias en sus servicios dedicados a atenderlas.

¿Cuál es el secreto de estos avances en países parecidos al nuestro? Políticas de Estado acompañadas de decisión, constancia e institucionalidad. Emplear lo mejor del conocimiento e información disponibles. No tener temor a equivocarse, tomar las decisiones necesarias con sentido común. Y, sobre todo, acumular conocimiento para continuar construyendo; es decir, evitar que un eventual nuevo Adán reinvente la pólvora.

En el Perú podemos añadir algo en el sector público: superar el paradigma funcional centrado en el mero cumplimiento de la obligación formal de cada funcionario o trabajador de salud, a otro mayor centrado en gestionar procesos para lograr los productos y resultados que sirvan al bien común.

Invirtamos nuestras fuerzas, más que en reclamarle al país vecino, en construir un mejor sistema de salud. Al pasar el bono demográfico, será algo más que necesario para nuestra sociedad.

Por César Amaro

Investigador principal de Videnza Consultores

Golpes silenciosos, por Janice Seinfeld

El 38% de las mujeres asesinadas en el mundo perdieron la vida a mano de sus parejas. ONU Mujeres alerta que la violencia contra la mujer causa más muertes y conlleva costos económicos mucho más altos que los homicidios o las guerras civiles: alrededor del 2% del producto bruto interno mundial por año, lo que equivale al tamaño de la economía de Canadá. Como señala la Organización Mundial de la Salud, estamos frente a un problema de salud pública de proporciones epidémicas.

Por violencia no solo entendemos agresiones físicas, sino también el uso del control, la coerción o las amenazas, y el abuso emocional, sexual, financiero o psicológico. Sus víctimas suelen presentar cuadros de depresión, trastorno por estrés postraumático, ansiedad, abuso de sustancias, VIH y otras infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos, lesiones físicas traumáticas, problemas cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinos e inmunes, dolores de cabeza, síndrome del intestino irritable, trastornos del dolor crónico, enfermedad de las articulaciones, asma o fibromialgia.

Luego de que el Tribunal Constitucional declarara nula la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados, la Presidencia del Consejo de Ministros anunció que replanteará el Plan de Estrategia Publicitaria Institucional 2018 para darle mayor énfasis a la lucha contra la anemia y contra la violencia hacia la mujer. Más allá de la comunicación, ¿qué debemos hacer para combatir esta última?

Una de las dificultades para desarrollar políticas públicas efectivas sobre violencia de género es la falta de datos fiables y pormenorizados que permitan dimensionar el problema, dada su estigmatización social. Además de brindar apoyo a las víctimas y castigar a los agresores debemos, sobre todo, enfocarnos en la prevención de la violencia: acabar con su normalización, poner el tema sobre la mesa para fomentar su abierta discusión, y entender el devastador impacto que tiene en quienes la padecen y en nuestros niños, testigos ocultos de este drama.

Un tema clave en prevención es tomar medidas la primera vez que la mujer presenta una denuncia policial. Es en ese momento cuando se debe trabajar con ella para que reconozca los ciclos de violencia, reciba soporte psicológico y no retroceda en su decisión. Y para ello la economía del comportamiento revela que muchas mujeres que inicialmente dicen querer terminar una relación abusiva regresan con sus agresores porque muestran inconsistencia temporal. Esto quiere decir que inmediatamente después del incidente del maltrato, su valoración de la relación es baja, pero a medida que su apego emocional se empieza a reactivar, su visión de la relación mejora y su conciencia de estar en riesgo disminuye. Los Centros Emergencia Mujer funcionan para la fase de atención, pero requerimos abordar el problema desde su origen. Y para ello es también fundamental trabajar con el agresor: terapia psicológica y grupos de apoyo han mostrado resultados favorables. Hay experiencias incluso de realidad virtual para maltratadores que han mostrado resultados positivos.

Otro espacio fundamental son los centros de trabajo. Debemos fomentar que las víctimas se sientan seguras y puedan recibir ayuda. Si sospechamos que una colega puede estar sufriendo de violencia, hablémoslo. Contribuyamos todos a cambiar la cultura en torno a la violencia de género.

Los crecientes movimientos sociales que reclaman igualdad de derechos y exigen acabar con los abusos nos muestran cómo la determinación para el cambio nace en la concientización. Estado, sociedad civil y sector privado debemos trabajar para fortalecer las leyes y garantizar su cumplimiento, y para cambiar las normas sociales que perpetúan la violencia.

Publicado en el Comercio

El aula como amenaza, por Janice Seinfeld

Un reciente video viral en redes sociales en el que un hombre amenaza con una pistola a un conductor en San Isidro nos lleva a reflexionar sobre cómo prevenir que estas conductas violentas se perpetúen entre nuestros niños y adolescentes.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la violencia contra niños y niñas engloba el abuso y maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual. Esta no solo puede afectar su salud física y mental y perjudicar su habilidad para aprender y socializar, sino que puede mermar su desarrollo como adultos funcionales y como buenos padres.

Entre enero y junio de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió 19.175 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar en los centros emergencia mujer (CEM) de todo el país. Esta cifra es 46% mayor a la registrada en el mismo período del año anterior (13.122 casos) y se distribuye en 64% de niñas y 36% de niños. Además, el 79% de las atenciones fueron por maltrato físico y psicológico, y el 21% restante por agresiones sexuales. Los departamentos con mayores casos de violación sexual fueron Lima, Junín, Cusco, Arequipa y Huánuco.

¿Cuánta de esta violencia se produce en el interior de las escuelas? Entre julio y setiembre del año pasado, Save the Children realizó la encuesta Young Voice Perú. En ella participaron 2.617 adolescentes de entre 12 y 17 años en las 26 regiones del país, y la principal conclusión es que los escolares no se sienten seguros en la escuela. Aunque casi el 40% reconoce que es víctima de acoso, solo la mitad se atreve a denunciar y el 77% dice no saber adónde acudir cuando se siente hostigado o tratado injustamente.

Además, el 45% de ellos asegura haber visto que alguien fue golpeado en el colegio, el 43% dice que fue acosado en las redes sociales, el 22% se siente preocupado de ser víctima de ‘bullying’, y el 35% se siente inseguro en su propia aula y durante el recreo.

Desde el Estado, en mayo último el Ministerio de Educación (Minedu) aprobó los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes. Su finalidad es establecer directrices que promuevan entornos escolares seguros y libres de violencia. Por ello, está trabajando para identificar metodologías más claras que orienten a coordinadores, tutores y padres de familia sobre cómo reconocer los casos de acoso escolar y los mecanismos para enfrentarlos.

Además, ha implementado el Sistema Especializado en la atención de casos de Violencia Escolar (SíseVe), el primero en el mundo con el que un Estado registra, atiende y da seguimiento a los casos de violencia escolar. Si bien desde esta plataforma se ha logrado resolver el 88% de casos de violencia escolar denunciados en los últimos cinco años, falta afiliar al sistema a casi la mitad de escuelas del país.

El Minedu viene realizando un esfuerzo que merece la pena ser difundido y fortalecido. Los estudiantes, profesores y padres de familia deben ser incorporados activamente en este proceso de elaboración de normas de convivencia que los afectan. Solo así podremos ir construyendo ciudadanía responsable desde nuestras aulas.

Publicado en el Comercio

 Jamal Crawford Jersey

El bono demográfico, una oportunidad que aprovechar

En el Perú las reformas avanzan a paso lento. Las razones son varias: la falta de continuidad en políticas luego de un cambio de gobierno, la oposición de grupos con poder o la falta de sentido de urgencia en la clase política. Sin embargo, el país actualmente atraviesa por una ventana de oportunidad que no volverá y que debe de ser aprovechada cuanto antes.

El Perú, al igual la mayoría de países de América Latina, está en una etapa de transición demográfica. La reducción de las tasas de mortalidad y natalidad, que empezó en la década de 1960, ha tenido un impacto en la estructura etaria de la población.

El mayor crecimiento de la población en edad activa (14 a 59 años) en relación al de la población infantil y juvenil (0 a 14 años), junto con el aumento sostenido del peso de la población mayor (mayor de 60 años), es una situación favorable para el desarrollo económico del país que se conoce como bono demográfico.

La reducción en la relación de dependencia que caracteriza a este periodo permite que aumente la tasa de ahorro con efectos positivos en el desarrollo económico. Sin embargo, los efectos positivos de este fenómeno no ocurren esporádicamente. Para aprovecharlos, el Estado debe de promover e implementar políticas que incentiven la inversión productiva, desarrollen el mercado laboral y promuevan un ambiente social y económico estable. Cuatro ámbitos que deben desarrollarse para que esto ocurra son educación, salud, empleo y el sistema de pensiones.

En educación, el Gobierno ha realizado importantes avances para ampliar la cobertura de los servicios. La tasa neta de matrícula escolar para niños de 3 a 6 años de edad en el 2016 fue de 81%, 10% más que cinco años atrás. Sin embargo, queda mucho por hacer en términos de calidad. En el 2012, el Perú quedó en último lugar de los 65 países que rindieron la prueba PISA. Tres años después alcanzó el puesto 64 de 70 países evaluados.

En salud, la cobertura ha mejorado significativamente. En el 2017, menos de un cuarto de la población (24%) no estaba asegurada, lo cual representa una reducción de 14% en relación a cinco años atrás. Sin embargo, el financiamiento por parte del Estado es insuficiente e ineficiente. En el 2014, la inversión total en salud con respecto al PBI fue de 5.5%, muy por debajo del promedio regional (7.3%). Además, al ser absorbida por distintos subsistemas de salud que funcionan de manera desarticulada, este presupuesto es asignado de manera poco eficiente.

En empleo, la baja flexibilidad del mercado laboral peruano se ha traducido en una alta informalidad, que representa más de un cuarto del empleo total. Complementariamente, existe una alta concentración de trabajadores independientes y en pequeñas empresas. Ambos escenarios tienen un efecto negativo en la productividad de la fuerza laboral.

En cuanto al sistema de pensiones, este ha mejorado su cobertura en los últimos años. Al primer semestre del 2016, el 31.2% de la población mayor de 14 años estaba afiliada a algún sistema de pensiones: 19.2% afiliadas al SNP, 10.8% afiliados al SPP y 1.2% afiliados a otros sistemas. Sin embargo, el Perú todavía se encuentra muy por debajo del promedio regional, de 62.2%, y la pensión promedio es baja comparada con las pensiones en otros países de la región como Chile, Colombia y México.

Es indudable que se han realizado avances importantes en los sectores arriba mencionados. Sin embargo, se deben redoblar los esfuerzos por cerrar las brechas existentes. La duración del bono demográfico es limitada. En el Perú, esta etapa finalizará en el 2030, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). Es decir, tenemos menos de doce años para lograr avances sustanciales mediante la implementación de políticas pues, finalizado el bono demográfico, vendrá una etapa de envejecimiento de la población.

Escrito por Pedro Rodríguez Paiva Damon Harrison Womens Jersey

Tecnología en favor de la salud, por Janice Seinfeld

Desde hace unos años, diversos especialistas venimos promoviendo el uso de las evaluaciones de tecnologías sanitarias convencidos de que pueden contribuir a una adecuada toma de decisiones en el sector salud y a un uso más eficiente de los recursos públicos. Essalud acogió la recomendación y en el 2015 creó el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (Ietsi) que, como veremos, viene mostrando resultados auspiciosos.

Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son exhaustivos análisis multidisciplinarios de intervenciones en salud que, al ofrecer la mejor evidencia científica disponible, permiten un uso más eficiente de los recursos. Suponen estudiar la seguridad, eficacia y efectividad clínica de los medicamentos, así como su costo-efectividad, costo-utilidad e implicancias organizacionales y presupuestales. Todo lo anterior tomando en cuenta las consecuencias sociales y consideraciones éticas y legales de su aplicación. Al presentar información imparcial, mejoran la toma de decisiones y transparentan los procesos.

Hace unos días, el Ietsi recibió el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, que organizan el colectivo Ciudadanos al Día y la Universidad del Pacífico. Se reconoció el uso de las evaluaciones de tecnologías sanitarias para mejorar la toma de decisiones oportunas en la adquisición de medicamentos, dispositivos y equipos biomédicos en beneficio de los más de once millones de asegurados de Essalud en todo el país.

Entre los resultados conseguidos resalta que el tiempo de respuesta promedio por asegurado se redujo de 180 días en el 2015, a un máximo de tres semanas este año. Esto debido a que la autorización para cada paciente es ahora otorgada por el comité farmacológico local y ya no desde el nivel central.

Además, entre los años 2011 y 2017, Essalud pasó de destinar 70,5 millones de soles para atender adecuadamente a 547 pacientes, a brindar los mismos servicios a 1.100 asegurados invirtiendo 38,8 millones de soles. Es decir, se generan ahorros que permiten atender a más personas.

Aprovechando las buenas prácticas del Ietsi, debemos apuntar a consolidar una sola agencia a nivel nacional que evalúe las tecnologías sanitarias que ingresan al país y sea independiente del financiador; es decir, de la entidad que compra. Debemos evitar que cada institución evalúe sus propias tecnologías y más bien tener un organismo único, al estilo de The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido. Esto ofrecería certezas de por qué se opta por el ingreso de determinados medicamentos al país. Luego, ya cada asegurador decidiría cuál de ellos adquiere.

Hay muchas experiencias internacionales de las que podemos aprender, siempre adaptándolas a nuestra realidad. Sigamos pensando en cómo mejorar, transparentar y hacer más eficientes los servicios de salud que reciben los ciudadanos. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son una herramienta que está probando ayudar en esa ruta.

 Kyle Juszczyk Jersey

Extranjeros somos todos, por Janice Seinfeld

Lo que sucede en Venezuela es una crisis humanitaria en toda su extensión. El despreciable uso electorero que ciertos candidatos municipales y regionales han pretendido hacer de este éxodo y la compleja problemática que está suponiendo para el continente no deben hacernos perder de vista el tema de fondo: el reto compete y debe implicar a todos los países latinoamericanos y, por tanto, requiere de un enfoque multilateral coordinado que cuente con el apoyo de la cooperación internacional.

Hoy cada nación está aplicando sus propias medidas, con servicios públicos que difícilmente cubren las necesidades básicas de la población local. El desafío para los gobiernos es identificar las ventajas que trae la inmigración y plantear políticas públicas que integren este componente en su diseño y evaluación. Por ejemplo: el Estado Peruano tiene un déficit de 20.000 médicos, plazas que bien podrían ocupar profesionales venezolanos fuera de Lima, en localidades con necesidades mucho más urgentes que atender. Es decir, debemos aprovechar este contexto adverso para construir una agenda migratoria sólida, hoy inexistente, y para revisar las políticas públicas aún débiles, de cara a mejorarlas.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, unos 400.000 venezolanos han arribado a nuestro país huyendo de la desgracia en sus tierras. El último monitoreo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) precisa que el 34% de ellos gana el sueldo mínimo o menos, el 85% trabaja sin contrato y el 65% tiene algún nivel de educación superior. Además, cerca del 62% trabaja en los sectores comercial, turismo, restaurantes y/o entretenimiento, mientras que el 9% lo hace en construcción, manufactura e industria.

Por su condición de vulnerabilidad, los migrantes –y ni qué decir de aquellos que solicitan refugio– presentan diferentes retos en salud, sobre todo si se enfrentan a ambientes inseguros o a condiciones sociales adversas. Literatura académica sobre servicios de salud entre migrantes adultos revela que utilizan menos servicios de salud excepto para hospitalizaciones, que es mayor incluso que entre la población local. Además, los niños nacidos de madres con antecedentes inmigratorios tienen una mayor incidencia de muerte fetal intrauterina, muerte neonatal, parto prematuro y bajo peso al nacer, algunas enfermedades infecciosas, obesidad, y tasas más altas de cavidades dentales y de ciertos trastornos mentales.

En México, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, garantiza el acceso a la salud a todos los residentes del territorio nacional, incluidos los extranjeros con residencia temporal o permanente. En nuestro país, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud garantiza incorporar a todos los residentes, incluyendo extranjeros. Con sanear su estatus legal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores queda expedita su incorporación al Seguro Integral de Salud (SIS), hoy con alrededor de 17 millones de afiliados. Esta entidad evidentemente requerirá de una mayor inyección de recursos para poder brindar mejores servicios de salud a los peruanos y extranjeros que lo necesiten. Sin embargo, el Colegio Médico del Perú ha alertado que el proyecto de presupuesto 2019 vendría con recortes en salud, lo cual sería inadmisible.

Complementariamente, debemos apuntalar la labor que están brindando organizaciones católicas y no gubernamentales. Además, activar el sistema de Naciones Unidas para ofrecer apoyo médico a los venezolanos que llegan al país, realizar campañas de vacunación para evitar problemas sanitarios prevenibles, poderlos insertar formalmente en los sistemas educativos y laboral, y verificar que su ingreso sea ordenado, informado y seguro.

En este espacio celebramos la solidaridad y defendemos la política de fronteras abiertas, pero urge para ello plantear estrategias transversales que permitan, a la brevedad posible, combatir esta crisis.

Publicado en el diario El Comercio Mike Napoli Authentic Jersey

Informalidad: retos para transformar un riesgo en oportunidad

Informalidad: retos para transformar un riesgo en oportunidad

Las últimas semanas han sido muy duras para el país, pues como ciudadanía hemos sido testigos de la corrupción que aqueja a varios de los principales organismos del Estado. Sin embargo, pese a nuestra frágil institucionalidad, el Perú retoma el liderazgo del crecimiento económico en Latinoamérica: el BCR ha anunciado que revisará al alza su proyección de 4% del crecimiento del producto bruto interno (PBI) para el 2018 por “una robusta recuperación de la actividad económica”.

Este escenario ocurre a pesar de persistir una baja productividad acompañada de una economía informal extendida. Es decir, en perspectiva, nuestra capacidad de crecimiento es mayor.

Analicemos con más detenimiento la informalidad en sus dos dimensiones: el sector y el empleo.

El sector informal agrupa a las unidades productivas no registradas en la administración tributaria; es decir, las que no pagan impuestos. Aunque está conformado por aproximadamente 7 millones de unidades, representa menos de la quinta parte del PBI.

El empleo informal es aquel que no goza de los beneficios definidos por ley: seguridad social, gratificaciones, vacaciones pagadas, etc. En el Perú, según el INEI, casi tres de cada cuatro trabajadores de la población económicamente activa (PEA) ocupada se desempeñan en un empleo informal.

Pero el dato quizá más elocuente de nuestra realidad es que el empleo informal en el ámbito rural asciende a más del 95% (2017). Es decir, en el campo el sector formal hoy no existe.

En 1940, el Perú era un país donde el 65% de la población residía en la sierra y solo el 28.3% en la costa. Solo cinco departamentos tenían una población predominantemente urbana: Arequipa, Lambayeque, Lima, San Martín y Tacna.

Pero en el año 2015, el INEI calculó que la población rural se redujo a solo 23.3%. Y los primeros resultados del censo 2017 precisan que apenas 28.1% de peruanos aún viven en la sierra, mientras que la costa alberga al 58% de peruanos. Ratifican, además, un centralismo por corregir, pues Lima concentra al 29.2% de la población total. Es decir, en un periodo de 77 años, en el cual han discurrido algo más de dos generaciones, los peruanos, sobre todo de la sierra, nos hemos instalado en ciudades, principalmente de la costa.

 

El Estado no ha sido capaz de capitalizar este enorme flujo humano, el que a su vez ha contribuido a la emergencia de una cultura emprendedora, pero signada de informalidad, en un escenario de pobre institucionalidad.

 

Hace algunos años los profesores del MIT y Harvard, Daron AcemogluJames A. Robinson, publicaron “Por qué fracasan los países. Los orígenes de la prosperidad y la pobreza”, donde destacaban el valor de las instituciones como elemento clave del devenir de los países.  Ellos proponen dos conceptos relacionados interesantes.

  • Institución económica extractiva, que promueve la concentración de la riqueza y el poder en manos de una reducida élite, que incluso puede cometer el error de oponerse al desarrollo industrial y a la adopción de nuevas tecnologías, pues la mano de obra barata es una de las razones para no cambiar.
  • Institución económica inclusiva, que desconcentra la riqueza y el poder, y promueve la competencia en un entorno de desarrollo y movilidad social, lo que genera una amplia clase media con mayor educación.

Estos autores, a partir de un análisis sustentado en numerosos ejemplos históricos, plantean cómo las instituciones económicas inclusivas generan prosperidad y riqueza, mientras que las instituciones económicas extractivas solo conducen al estancamiento y la pobreza de sus países.

 

Riesgos y oportunidades

El Perú es un país urbano, pero con un software mental rural, pues la mayoría de citadinos somos migrantes o hijos de migrantes. A ello se suma una débil institucionalidad que, como vemos, acentúa el deterioro social. Es decir, somos un país que aún no ha logrado articular un proyecto común.

Este escenario, a pesar de su apariencia, constituye un terreno para los riesgos, como la insurgencia de algún outsider que nos lleve al abismo del autoritarismo, o a las oportunidades si construimos una agenda para el desarrollo de instituciones políticas y económicas inclusivas. Seamos optimistas, los peruanos ya hemos demostrado nuestra capacidad para ejercer ciudadanía y superar etapas adversas.

No olvidemos que atravesamos por el periodo de oportunidad en que la proporción de personas en edades potencialmente productivas (15 a 64 años) crece de manera sostenida en relación a las personas potencialmente inactivas (menores de 14 y mayores de 65 años). Conocido como bono demográfico, es un escenario favorable para el desarrollo que debe ser capitalizado.

¿Convertimos el riesgo de la informalidad en una oportunidad?

Por César Amaro, Investigador Principal de Videnza Consultores Jaromir Jagr Jersey

Pórtense bonito, pecadores, por Janice Seinfeld

Dos episodios recientes podrían dar a entender, espero erróneamente, que el Poder Ejecutivo ha cedido su responsabilidad rectora al Congreso de la República. Textos escolares sobre la “virginidad conservada” para evitar el embarazo adolescente y la aprobación del etiquetado nutricional para fomentar una alimentación más saludable en la población sugieren que el Parlamento busca plantear políticas públicas. Veamos.

Durante meses hemos sido testigos del debate entre la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y el Ministerio de Salud (Minsa) sobre cómo etiquetar alimentos y bebidas procesados. La primera defendía el semáforo nutricional (rojo, ámbar y verde); el segundo, los octógonos negros. La primera aprobó el semáforo; el segundo observó la ley. Tras reuniones de consenso entre ambas partes, el Congreso aprobó octógonos pero rojos. ¿Por qué tantas idas y vueltas? Porque al incluir este tema en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, el Congreso le otorgó rango de ley cuando, por competencias, debía ser un asunto reglamentario que definiera el Minsa como ente rector especializado.

Más escandalosa ha sido la denuncia de textos escolares distribuidos en escuelas públicas que consideran una visión parcial de la época de violencia en el país entre los años 1980 y 2000 y contienen artículos que atentan contra la libertad sexual. Inicialmente, el Ministerio de Educación (Minedu) negó la presencia de “contenidos sesgados”, pero eso era ignorar al elefante en la sala.

Cuando la viceministra de Gestión Pedagógica fue preguntada por Ojo Público sobre por qué convocaban a políticos –además de académicos– para revisar estos textos, respondió: “No se olvide de que en el Congreso existe una Comisión de Educación. A ellos los hemos invitado también. La idea es tener variedad de opiniones y ya ve usted cómo han podido aportar a las cuestiones pedagógicas”. (¡!) Es cierto que a dichos talleres se invitó a personalidades de distintas tiendas políticas, pero el acento conservador del material escolar parece ser incuestionable.

Una explicación verosímil parece estar en el tuit de Con Mis Hijos No Te Metas que retuiteó el congresista no agrupado Julio Rosas: “Al parecer el MineduPeru no ha aprendido la lección. ¿Cuántos ministros tendrán que pasar hasta que entiendan la exigencia de los padres de familia?”. Es decir, o el ministro se porta bonito o lo sacamos. Y frente a esta amenaza, todo este escenario cobra sentido. Millones de soles del erario público destinados a promover una ideología, no a educar en diversidad. Son hechos que van más allá de la falta de control de calidad en materiales educativos. Revelan un enfoque que se buscó difundir y que, sorpresivamente, pasó todos los filtros en el Ministerio de Educación. Por fortuna, la actual gestión, con el respaldo del presidente de la República, ha ofrecido corregir este contenido.

Publicado en el Diario el Comercio Kareem Martin Womens Jersey

“De atender a enfermos a prevenir enfermedades”, por Janice Seinfeld

La gestión de la ministra de Salud, Silvia Pessah, está trabajando –con el apoyo técnico del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo– en el diseño de un sistema que podría realmente cambiar la calidad del servicio que hoy recibimos los peruanos. Se trata del sistema de redes integradas de salud que, adecuadamente implementado, permitirá acercar de forma eficiente la oferta sanitaria al ciudadano y fortalecer el primer nivel de atención con un enfoque territorial.

Al poner énfasis en la prevención y atención temprana de enfermedades como la diabetes, hipertensión, entre otras, permitirá ahorrar recursos al Estado en el futuro. La idea es no esperar que los pacientes requieran de atenciones complejas, cuando las enfermedades prevenibles ya hicieron estragos importantes en su salud.

En la última década, la estrategia de aseguramiento universal y un incremento del presupuesto público han permitido avanzar significativamente en proteger a las personas más vulnerables, a través del Seguro Integral de Salud. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de salud integrados organizados horizontalmente para toda la población, el nuestro está organizado verticalmente por un grupo de población y un subsistema de salud. Cada asegurador atiende a su población objetiva con su propio plan de beneficios y en sus propios establecimientos. Es decir, la prestación está fragmentada y los subsistemas de salud coexisten con escasa interrelación, aplicando sus propias reglas y mecanismos, y un manejo limitado de los riesgos sanitarios.

Por poner un ejemplo de las ineficiencias que genera el sistema actual, los servicios de salud fragmentados pueden hacer que en una misma plaza provincial tengamos tres hospitales: a un lado, el del gobierno regional; al otro, el de Essalud; y, finalmente, el privado, cada uno requiriendo equipamiento, mantenimiento y operación.

Probablemente los mismos médicos trabajan en los tres establecimientos en distintos horarios. Los pacientes llegan al sistema con enfermedades en estadio avanzado y la atención se vuelve más compleja y costosa. Las redes integradas de salud permitirían que, en un ámbito determinado, un conjunto de entidades prestadoras de salud públicas y privadas, de diferente capacidad resolutiva, actúen coordinadamente para brindar atención integral, continua y oportuna enfocada en las necesidades de salud de la población, con énfasis en la prevención. Hay miles de establecimientos en el país que requieren este enfoque.

Un ejemplo interesante para considerar es el sistema prestacional de Cataluña. Su asegurador, Catsalut, compra servicios de salud a proveedores públicos y privados organizados en redes prestacionales según su ordenamiento territorial. Los planes de salud se establecen cada cuatro años con objetivos concretos para aplicar la política de salud, pero son monitoreados anualmente. La entrada del paciente en la red es por un centro de atención primaria, salvo casos de urgencia y emergencia. Este aspecto es fundamental para nuestro sistema.

Ex ministros de Salud de distintos períodos gubernamentales han firmado un pronunciamiento apoyando al Gobierno y a la ministra Pessah en esta tarea. Afirman que debe ser considerada una política de Estado “por ser la estrategia más importante para lograr servicios de salud dignos, accesibles y de calidad, validados con la participación de la población”.

La organización de la prestación en redes integradas será clave para mejorar la eficiencia del sistema, la calidad de las prestaciones y el estado de salud de la población. Su relevancia y correcta implementación merecen el apoyo de todos.

Publicado en el diario El Comercio Kansas City Chiefs Jersey