Esta factura la pagamos todos, por Janice Seinfeld

“Imagine que una epidemia amenazara con matar a 41 millones de personas cada año. Esto ya está pasando. Este año. El año pasado. El año que viene. Las enfermedades crónicas son las más letales del mundo”. Esta frase, que puede sonar catastrófica, es un tuit del doctor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cómo combatir enfermedades crónicas no transmisibles tales como las afecciones cardiovasculares y respiratorias, el cáncer y la diabetes? Estas, precisamente por su condición de crónicas, requieren de tratamientos continuos y prolongados. Para que las personas afectadas tengan acceso a estos tratamientos, el abastecimiento oportuno de medicamentos, especialmente desde el sector público, es clave. Es decir, el Estado debe lograr proveer productos de calidad al menor costo posible.

Esto no sucede en nuestro país hoy en día, pues se carece de un sistema de información articulado. De hecho, hay por lo menos seis sistemas que, en lugar de operar interrelacionadamente, tienen muchas dificultades y limitadas interfaces: SIAF, SIGA, Seace, Sismed, Siasis e HIS. A ello se le suman procesos y reprocesos que no añaden valor alguno –actos preparatorios que demoran hasta nueve meses, o el paso por varios almacenes distintos desde el proveedor hasta la farmacia del establecimiento de salud público, por citar solo dos ejemplos–.

Otro problema es que no se identifica la demanda insatisfecha, aspecto común en otros subsistemas como Essalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Estimaciones preliminares muestran que el usuario de los servicios públicos recibe la tercera parte de los medicamentos prescritos. Esto sin contar la lentitud y la poca predictibilidad del financiamiento público, desde su programación hasta su ejecución: múltiples mecanismos de asignación y ejecución ineficientes complejizan la gestión a nivel local, dificultan la toma de decisiones o, peor aún, incentivan la corrupción.

Para cambiar esto debemos empezar por un quiebre de paradigma, donde se coloque a las personas y sus necesidades de salud al centro del sistema. Esto implica gestionar con convicción procesos sustentados en un sistema de información integrado que permita empezar por estimar la demanda insatisfecha e implementar una programación basada en necesidades reales, con métodos estandarizados de cálculo.

En segundo lugar, tenemos que afinar los mecanismos de compras públicas para hacerlos más eficientes y combatir la corrupción. Para ello, hay que precisar de modo transparente las características técnicas de los productos y automatizar en lo posible la decisión de selección del proveedor, para evitar la discrecionalidad. Así, para productos con muchos postores y bajo impacto presupuestal, cuya adquisición actual demanda mucho esfuerzo administrativo, se puede apelar a los catálogos electrónicos por Acuerdos Marco, que permiten agilizar las compras –una suerte de Amazon para medicamentos y dispositivos médicos–.

Si los productos, en cambio, tienen muy pocos postores y alto impacto en el presupuesto, son aconsejables las soluciones con riesgo compartido. Una alternativa son los esquemas de acceso gerenciado, que han mostrado resultados favorables en países como Colombia, Kenia y Ucrania. Según Héctor Castro, senior director del Management Sciences for Health (MSH), estos acuerdos institucionales entre pagadores y fabricantes permiten compartir el riesgo asociado a la incertidumbre en efectividad o impacto financiero, para que los pacientes accedan tempranamente a nuevos tratamientos.

Desde el Ministerio de Salud se observa el compromiso de mejorar los procesos de abastecimiento para que los medicamentos lleguen más oportunamente a todo el país. Esto pasa por optimizar los sistemas de almacenamiento y distribución, ya sea a cargo del Estado o bien de un tercero. Hay evidencia internacional al respecto: ambos modelos funcionan si están bien diseñados, son flexibles, usan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), y se gestionan eficazmente.

Para que todo lo anterior sea posible se requiere que los actores del sector tengan un rol transversal en los procesos de programación, compra, almacenamiento y distribución de los medicamentos. Las enfermedades crónicas no transmisibles y la corrupción siguen matando gente día a día. Y esa factura la pagamos todos, especialmente los más pobres.

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Información para salvar vidas, por Janice Seinfeld

En el 2011, la política de modernización del Estado estableció que debía primar un enfoque de procesos sobre uno de funciones. Es decir, gestionar horizontalmente integrando y alineando las funciones de las diversas entidades para lograr resultados. Sin embargo, se sigue tomando decisiones de forma vertical sobre la base de los roles de las instituciones.

En el sector Salud, esto se ve reflejado en procesos segmentados entre instituciones y subsistemas que derivan en traslapes, redundancias, omisiones e ineficiencias que impiden una gestión integrada basada en soluciones conjuntas.

Así, por ejemplo, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) determinó en su última evaluación, realizada en agosto del 2017, que casi 70% de establecimientos de salud en el ámbito nacional mostraron un nivel bajo o regular de disponibilidad de medicamentos.

Las causas detrás de esta situación son muchas: ausencia de una entidad regente del proceso, duplicidad de funciones entre los actores relevantes, incumplimiento de las normas de buenas prácticas en las diferentes fases de la cadena de suministro, falta de articulación de los sistemas de información y diversidad, fragmentación y poca predictibilidad del financiamiento que añade incertidumbre al proceso, entre otras.

Como muestra basta ver que solo la primera etapa de las compras públicas, llamada “actos preparatorios”, se divide en siete actividades. Y que estas, según evaluaciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en algunos casos llegan a durar hasta nueve meses. Y este es solo el primer paso.

Frente a este escenario, necesitamos un sistema de información articulado que permita mejorar la programación en función de las necesidades reales de las personas con métodos estandarizados de cálculo. Hoy, la gestión de la información utiliza cuatro sistemas que se interrelacionan entre sí, pero interactúan con dificultades y en limitadas interfaces. Además, tienen procesos y reprocesos que no añaden valor, pero sí prolongan los tiempos para que el ciudadano tenga el medicamento que necesita. Estos son: el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), que toma como referencia el marco presupuestal; el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), que integra los procesos de la gestión administrativa; el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y el Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico-Quirúrgico (Sismed), del Minsa. Ninguno de ellos pone a las personas como eje fundamental del sistema.

En el Perú, el uso de esta información puede crear modelos predictivos basados en data interna y externa para poder anticipar desfases en la oferta. Es decir, tanto órdenes de compra, distribución de los productos, inventarios, historial de compras y reglas de sustitución de los productos como información sobre la región, predicción de clima, anuncios de nueva normativa, etc. Con ello se podría tener gran parte de la demanda calculada de manera automatizada en tiempos muy cortos, y contar con un plan de contingencia para pronosticar futuras necesidades de los pacientes de manera más acertada.

Un aporte adicional a los sistemas de información puede ser el uso de big data. Por ejemplo, para entender y predecir mejor la demanda en la gestión de la cadena de abastecimiento. Así, en casos en los que normalmente se realizaría estos análisis con tan solo datos sobre consumo, puntos de venta, y seguimiento de los productos, ahora se complementaría con información sobre eventos coyunturales y noticias para poder realizar análisis a corto plazo.

Estos y otros temas serán abordados este 15 de octubre en el simposio internacional Recursos Estratégicos en Salud: Mejores Prácticas y Oportunidades para el Perú, que desarrollamos desde Videnza Consultores en alianza con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Alafarpe y la Confiep. Analizaremos cómo usar la evidencia para formular políticas con relación al sistema de abastecimiento de medicamentos en el Perú. Tenemos el gran reto de lograr un sistema más eficiente que brinde salud. Quedan invitados.

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Tecnología en favor de la salud, por Janice Seinfeld

Desde hace unos años, diversos especialistas venimos promoviendo el uso de las evaluaciones de tecnologías sanitarias convencidos de que pueden contribuir a una adecuada toma de decisiones en el sector salud y a un uso más eficiente de los recursos públicos. Essalud acogió la recomendación y en el 2015 creó el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (Ietsi) que, como veremos, viene mostrando resultados auspiciosos.

Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son exhaustivos análisis multidisciplinarios de intervenciones en salud que, al ofrecer la mejor evidencia científica disponible, permiten un uso más eficiente de los recursos. Suponen estudiar la seguridad, eficacia y efectividad clínica de los medicamentos, así como su costo-efectividad, costo-utilidad e implicancias organizacionales y presupuestales. Todo lo anterior tomando en cuenta las consecuencias sociales y consideraciones éticas y legales de su aplicación. Al presentar información imparcial, mejoran la toma de decisiones y transparentan los procesos.

Hace unos días, el Ietsi recibió el Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, que organizan el colectivo Ciudadanos al Día y la Universidad del Pacífico. Se reconoció el uso de las evaluaciones de tecnologías sanitarias para mejorar la toma de decisiones oportunas en la adquisición de medicamentos, dispositivos y equipos biomédicos en beneficio de los más de once millones de asegurados de Essalud en todo el país.

Entre los resultados conseguidos resalta que el tiempo de respuesta promedio por asegurado se redujo de 180 días en el 2015, a un máximo de tres semanas este año. Esto debido a que la autorización para cada paciente es ahora otorgada por el comité farmacológico local y ya no desde el nivel central.

Además, entre los años 2011 y 2017, Essalud pasó de destinar 70,5 millones de soles para atender adecuadamente a 547 pacientes, a brindar los mismos servicios a 1.100 asegurados invirtiendo 38,8 millones de soles. Es decir, se generan ahorros que permiten atender a más personas.

Aprovechando las buenas prácticas del Ietsi, debemos apuntar a consolidar una sola agencia a nivel nacional que evalúe las tecnologías sanitarias que ingresan al país y sea independiente del financiador; es decir, de la entidad que compra. Debemos evitar que cada institución evalúe sus propias tecnologías y más bien tener un organismo único, al estilo de The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido. Esto ofrecería certezas de por qué se opta por el ingreso de determinados medicamentos al país. Luego, ya cada asegurador decidiría cuál de ellos adquiere.

Hay muchas experiencias internacionales de las que podemos aprender, siempre adaptándolas a nuestra realidad. Sigamos pensando en cómo mejorar, transparentar y hacer más eficientes los servicios de salud que reciben los ciudadanos. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias son una herramienta que está probando ayudar en esa ruta.

Extranjeros somos todos, por Janice Seinfeld

Lo que sucede en Venezuela es una crisis humanitaria en toda su extensión. El despreciable uso electorero que ciertos candidatos municipales y regionales han pretendido hacer de este éxodo y la compleja problemática que está suponiendo para el continente no deben hacernos perder de vista el tema de fondo: el reto compete y debe implicar a todos los países latinoamericanos y, por tanto, requiere de un enfoque multilateral coordinado que cuente con el apoyo de la cooperación internacional.

Hoy cada nación está aplicando sus propias medidas, con servicios públicos que difícilmente cubren las necesidades básicas de la población local. El desafío para los gobiernos es identificar las ventajas que trae la inmigración y plantear políticas públicas que integren este componente en su diseño y evaluación. Por ejemplo: el Estado Peruano tiene un déficit de 20.000 médicos, plazas que bien podrían ocupar profesionales venezolanos fuera de Lima, en localidades con necesidades mucho más urgentes que atender. Es decir, debemos aprovechar este contexto adverso para construir una agenda migratoria sólida, hoy inexistente, y para revisar las políticas públicas aún débiles, de cara a mejorarlas.

Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, unos 400.000 venezolanos han arribado a nuestro país huyendo de la desgracia en sus tierras. El último monitoreo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) precisa que el 34% de ellos gana el sueldo mínimo o menos, el 85% trabaja sin contrato y el 65% tiene algún nivel de educación superior. Además, cerca del 62% trabaja en los sectores comercial, turismo, restaurantes y/o entretenimiento, mientras que el 9% lo hace en construcción, manufactura e industria.

Por su condición de vulnerabilidad, los migrantes –y ni qué decir de aquellos que solicitan refugio– presentan diferentes retos en salud, sobre todo si se enfrentan a ambientes inseguros o a condiciones sociales adversas. Literatura académica sobre servicios de salud entre migrantes adultos revela que utilizan menos servicios de salud excepto para hospitalizaciones, que es mayor incluso que entre la población local. Además, los niños nacidos de madres con antecedentes inmigratorios tienen una mayor incidencia de muerte fetal intrauterina, muerte neonatal, parto prematuro y bajo peso al nacer, algunas enfermedades infecciosas, obesidad, y tasas más altas de cavidades dentales y de ciertos trastornos mentales.

En México, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, conocido como Seguro Popular, garantiza el acceso a la salud a todos los residentes del territorio nacional, incluidos los extranjeros con residencia temporal o permanente. En nuestro país, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud garantiza incorporar a todos los residentes, incluyendo extranjeros. Con sanear su estatus legal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores queda expedita su incorporación al Seguro Integral de Salud (SIS), hoy con alrededor de 17 millones de afiliados. Esta entidad evidentemente requerirá de una mayor inyección de recursos para poder brindar mejores servicios de salud a los peruanos y extranjeros que lo necesiten. Sin embargo, el Colegio Médico del Perú ha alertado que el proyecto de presupuesto 2019 vendría con recortes en salud, lo cual sería inadmisible.

Complementariamente, debemos apuntalar la labor que están brindando organizaciones católicas y no gubernamentales. Además, activar el sistema de Naciones Unidas para ofrecer apoyo médico a los venezolanos que llegan al país, realizar campañas de vacunación para evitar problemas sanitarios prevenibles, poderlos insertar formalmente en los sistemas educativos y laboral, y verificar que su ingreso sea ordenado, informado y seguro.

En este espacio celebramos la solidaridad y defendemos la política de fronteras abiertas, pero urge para ello plantear estrategias transversales que permitan, a la brevedad posible, combatir esta crisis.

Publicado en el diario El Comercio

Ordenar la contratación pública, por Janice Seinfeld

Los escándalos del ‘club de la construcción’ han demostrado que la responsabilidad de la fiscalización no puede seguir recayendo únicamente en contralorías, fiscalías o en contadas investigaciones periodísticas. La transparencia en la toma de decisiones y el monitoreo social se hacen indispensables. La población debe poder conocer lo que el Estado adquiere, considerando que la gran corrupción se concentra, precisamente, en las compras públicas.

Diversos países de la región han comenzado a desarrollar sistemas que velan por la eficiencia en las compras gubernamentales. En el caso del Perú, el sistema de abastecimiento —que congrega a más de tres mil entidades públicas a nivel nacional— está liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene adscritos al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como ejecutor de las políticas en contrataciones del Estado y a la Central de Compras Públicas (Perú Compras) para optimizar las contrataciones públicas. Cientos de unidades ejecutoras actúan simultáneamente como compradoras.

El Estado Peruano destina alrededor de 45.000 millones de soles al año entre bienes, servicios y obras, según ha detallado Fernando Masumura, jefe de Perú Compras. Esta gestión enfrenta varios problemas importantes. El principal, a mi juicio, es la brecha que existe entre la demanda que tenemos los ciudadanos por bienes y servicios que el Estado debe proveer y lo que efectivamente recibimos. En el sector Salud, por ejemplo, la falta de medicamentos en establecimientos públicos explica casi el 60% de las compras en farmacia privadas.

Un segundo problema es la falta de estandarización en las compras. Homologar los procedimientos y las especificaciones técnicas limita la discrecionalidad de los funcionarios a cargo de estos procesos y fomenta la transparencia. Hasta hace dos años, solo el 7% de estas compras se realizaba empleando herramientas electrónicas estandarizadas. Esta proporción ha aumentado a 14%, pero sigue siendo baja.

Una de las dificultades actuales es la existencia de varios sistemas de catalogación. Así, para realizar una compra se usa el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO) de la OSCE; para pagar se emplea la estructura del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF; y para registrar el patrimonio está el Catálogo Nacional de Bienes, Servicios y Obras (CNBSO) del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) del MEF. Estas distintas codificaciones, además de otras propias de cada sector, hacen que la compra pública sea difícil de trazar. Es decir, “no deja huella” para poder vigilarla mediante sistemas de información.

A lo engorroso de los trámites se les suman malas prácticas que restringen o incluso impiden la competencia. Según el OSCE, un procedimiento clásico tiene un promedio de postores de 2,3, cifra que podría aumentar a 4,6 con la subasta inversa (se dobla) y a 73 ofertas con catálogos electrónicos (más de 3.100% mejor que hoy).

La agenda de corto plazo es clara: el Estado Peruano necesita utilizar un único sistema de catalogación electrónico que permita verificar las compras, desde que se planifican hasta que se ejecutan. Además, requiere articular los diferentes sistemas de información y publicar los hitos del proceso en apps y plataformas amigables. Finalmente, urge emplear estrategias de adquisición que fomenten la competencia cuando sea posible y que utilicen métodos de negociación innovadores cuando se carece de varios postores. Así, por ejemplo, cuando existen varias empresas en el mercado y los bienes que venden representan un gasto importante para el país, la aplicación de la subasta inversa promueve la competencia y genera ahorros al Estado. Pero si los proveedores son escasos, abrir la compra internacionalmente y emplear mecanismos innovadores de compras puede ser interesante.

Las herramientas digitales no solo deben brindar transparencia al proceso de compra, también deben permitir fiscalizar y dinamizar el mercado. La labor requiere de buenos gestores públicos y de ciudadanos vigilantes.

 

Publicado en El Comercio 

Realizado por Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores.

¡Todos afuera!

El presidente Martín Vizcarra ha conectado con la indignación ciudadana frente a la corrupción y la fragilidad de las instituciones públicas. Dada la intransigencia de la oposición política, ha optado por colocar a la opinión pública como su aliada.

En esa línea se inscribe su propuesta de convocar un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre cuatro puntos: la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el financiamiento privado de los partidos políticos, el retorno a un sistema legislativo bicameral y la no reelección de congresistas. Sobre esta última quisiera detenerme para analizar si es la mejor opción vista en perspectiva.

Vayamos primero al mapa: en las últimas elecciones, 35 legisladores fueron reelegidos. Es decir, solo el 26,91% del total de parlamentarios conserva su curul, y el 73% son caras nuevas o reincidentes, pero no reelegidas consecutivamente.

Como el propio Vizcarra precisó en su mensaje, la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del propio mandatario, todos los cuales tienen iniciativa de gasto. Frente a este impedimento, vemos cómo a las próximas elecciones municipales y regionales se están lanzando familiares de los funcionarios salientes —hijos, pareja, cuñado…—, mientras muchos de ellos están postulando a otras circunscripciones. Es decir, hecha la ley, hecha la trampa.

La ciudadanía debe poder premiar o castigar a sus políticos mediante su voto. Impedirle la reelección es limitar su libertad. Además, ¿cómo honrar una buena gestión si no es confiando nuevamente un encargo que ya probó ejercer con solvencia? Los buenos legisladores y la ciudadanía no debemos pagar los platos rotos de sus colegas impresentables.

Lo que ha hecho Vizcarra es un rayado de cancha frente al Congreso. Si bien audaz en términos políticos, no necesariamente es la ruta más adecuada para fortalecer la estabilidad de nuestras instituciones. Es conectar con la sensación de “que se vayan todos”, y así no se construye país.

Llamó la atención, por ejemplo, que el presidente no haya mencionado nada de la reforma del Servicio Civil (Servir), en proceso de unificar los diversos regímenes laborales del sector público bajo un sistema meritocrático. Su objetivo es construir una línea de carrera entre los funcionarios públicos para mejorar la calidad de la gestión y los servicios que ofrece el Estado.

La corrupción es hoy la principal amenaza al Estado de derecho, un problema estructural cuyo combate debe, igualmente, ser orgánico. Y el presidente ha sido claro al respecto. Confío en que, por fin, los peruanos estamos entendiendo que esta no se trata solo de un asunto moral, sino de un problema sistémico que impacta directamente en el desarrollo y en su sostenibilidad. La corrupción mata, la corrupción genera pobreza y exclusión, la corrupción limita la educación, la corrupción permite que violadores de niños caminen impunemente por las calles pese a haber sido sentenciados.

¿Cómo enfrentar una corrupción que es transversal a todo el sistema? Como señala Transparencia Internacional, además de con voluntad política que permita desmontar el aparato criminal y romper la impunidad, debemos fortalecer las instituciones con líneas de carrera claras y reforzar su capacidad de gestión. Asimismo, mejorar las medidas de control involucrando a una ciudadanía cada vez más alerta y comprometida y, por supuesto, educar a las futuras generaciones sobre los efectos nefastos de esta plaga.

Cuando el Estado deje de ser visto como un botín, y sea un privilegio servir al país, ahí habremos recién ganado esta batalla.

Por Janice Seinfeld

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¿Cómo mejorar la calidad de la atención en salud sin abandonar el afán de la cobertura universal?

El sistema debe estar centrado en las necesidades del ciudadano. Para ello se deben definir las enfermedades que son la mayor carga para la sociedad. Es decir, el sistema se debe organizar en función de la demanda y no de los hospitales. Un ejemplo: alrededor del 85% de problemas de salud se podría resolver en el primer nivel de atención (postas y centros médicos). Sin embargo, la mayor cantidad de recursos se asigna a los hospitales de mayor complejidad.

Por el lado de la oferta, hay que integrar los establecimientos en redes. Es un trabajo en proceso del Minsa. Hoy encuentras, en cualquier plaza del país, el hospital regional, el de Essalud, la clínica. Solo atienden a su población beneficiaria y no articulan entre sí. Es necesario que los recursos públicos y privados estén al servicio del ciudadano.

Los sistemas que dan soporte a las atenciones, como suministro de medicamentos, deben ser procesos transversales. Hoy se requieren múltiples pasos y sistemas de información que no conversan entre sí, demandan procesos que no añaden valor. La información para los gestores es igual de dispersa. Mayor eficiencia en la gestión es clave. Pero, claro, se requieren mayores recursos: financiamiento sostenible para brindar más y mejores atenciones, pues la demanda con el SIS aumenta a mayor ritmo que el presupuesto. Ahora son 17 millones de asegurados que requieren más recursos centrados en sus necesidades

Por Janice Seinfeld

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Una radiografía borrosa, por Janice Seinfeld

Los destapes periodísticos recientes sobre tráfico de influencias y actos de corrupción en los aparatos judicial y político de nuestro país han opacado un tema de especial relevancia. Hace unas semanas, el INEI dio a conocer los primeros resultados del Censo Nacional 2017. Según este, la población del Perú asciende a 31’237.385. Esta cifra se obtuvo tomando en cuenta a las 29’381.884 personas efectivamente encuestadas. Es decir, la omisión censal —población no contabilizada—, según lo reconoció el INEI, fue de 5,9% (1’855.501 personas).

A los cuestionamientos por la insuficiente cobertura en Lima Metropolitana y en las principales ciudades del país se sumó la precisión del Reniec sobre que el número de peruanos con DNI llega a 34’583.384. Una diferencia de más de tres millones de personas que, según el INEI, responde a peruanos que estaban en el extranjero al momento del censo. El objetivo de este –precisó la entidad– se centró en la población que se encontraba en nuestro territorio ese 22 de octubre, día del registro.

Algunas conclusiones ofrecidas por el INEI: el 49,2% de los habitantes son hombres, el 50,8% mujeres. Los de 60 años de edad a más –indicador que evidencia el proceso de envejecimiento de la población– pasaron de 9,1% en el 2007 a 11,9% en el 2017. Este dato por sí mismo nos revela, entre otras cosas, que requeriremos de nuevos modelos de atención de salud que fomenten mayor prevención para evitar las enfermedades crónicas, así como atención temprana cuando estas se manifiestan, para evitar complicaciones.

En cuanto a distribución geográfica, la costa alberga al 58% de peruanos, porcentaje que en el 2007 era de 54,6%. Además, mientras que al igual que en la selva la población se ha incrementado, en la sierra ha disminuido. El censo ratifica que San Juan de Lurigancho es el distrito más populoso del país, con más de un millón de habitantes. Pero también señala que sus vecinos Carabayllo Lurigancho tienen tasas de crecimiento que casi quintuplican y cuadruplican la tasa de crecimiento promedio nacional, respectivamente; que El Porvenir en Trujillo las triplica y que Cerro Colorado en Arequipa las sextuplica. Es decir, identifica zonas de explosión demográfica que claman por modelos de planificación urbana. De lo contrario, vamos camino a tener ciudades aun más caóticas y violentas.

No hay país del mundo que no haya planificado su desarrollo sin una radiografía actualizada de su realidad. Esta se obtiene, justamente, de los censos nacionales. ¿Cómo elaboraremos políticas públicas eficientes con resultados que generan dudas? ¿Cómo plantear metas, indicadores y objetivos cuando queremos avanzar en la ruta, pero tenemos el parabrisas borroso?

Conocer las características y necesidades de la población es la base para que el Estado, los gobiernos regionales, las municipalidades y demás instituciones públicas puedan tomar decisiones. También para que el sector privado pueda, por ejemplo, determinar la demanda de productos o servicios en un determinado territorio.

El economista Richard Webb, presidente de la Comisión Consultiva de los Censos Nacionales 2017, ha escrito en este Diario que, si bien la ejecución del censo dio lugar a dudas acerca de la precisión de sus datos, “la omisión y la inexactitud son normales en todo censo, más aun en un territorio agreste como el nuestro, y su incidencia debe ser medida profesionalmente, con la asesoría y participación de entidades internacionales especializadas. Esa evaluación se viene realizando a nivel detallado, en base a una encuesta poscensal que investiga la calidad del censo por región y para distintas preguntas”.

Necesitamos mayor precisión sobre este proceso poscensal. Transparentar y, sobre todo, comunicar este trabajo será fundamental para darle solidez a estos resultados.

Publicado en el diario el Comercio

Por un menú más saludable

Luego de meses de idas y vueltas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó el Manual de Advertencias Publicitarias en el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes del año 2013. Este dispone la implementación de los octógonos de color negro y blanco en los alimentos procesados cuyo contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas exceda los parámetros establecidos. Así, el Minsa hizo prevalecer su posición rectora, e impidió que prosperase la alternativa del semáforo nutricional que proponían el Parlamento y la industria alimentaria, y que rechazan instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Sin embargo, hay dos temas de fondo que también deben ser priorizados. El primero: los estándares recomendados por la OMS y aprobados en el país por el DS 007-2015/SA, que fue derogado y cambiado por el DS 017-2017/SA, que triplica lo permitido por la OMS en cuanto a contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas en alimentos y bebidas no alcohólicas procesados. El segundo: cómo fomentamos entre la población la importancia de una alimentación saludable que empiece en casa y se extienda al consumo de alimentos procesados. Una alimentación que, como lo explica la FAO —la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre—, aporte los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua.

 

Un dato increíble en la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) es que la anemia infantil en zonas urbanas pasó de 39,9% en el 2016 a 41,4% en el primer semestre del 2017. Los motivos muy probablemente están en la reducción de la lactancia materna exclusiva (de 63,2% a 59,9%) y en el incremento del consumo de la comida chatarra desde los primeros años de infancia.

 

Necesitamos cambiar nuestros hábitos de consumo de alimentos para prevenir  las enfermedades crónicas que tienen a la alimentación como eje fundamental: obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades dentales y osteoporosis.

 

En Chile, casi un tercio del total de azúcares libres consumidos provienen de bebidas, jugos y aguas azucaradas. Un reciente estudio realizado por las universidades de Chile y York reveló que este consumo disminuyó en 21,6% desde que en el 2014 comenzó a aplicarse el Impuesto Adicional a las Bebidas Azucaradas (IABA). Pero Marc Suhrcke, coautor de la investigación, señaló que si bien la política fiscal chilena ha sido efectiva en reducir el consumo de bebidas azucaradas, “es necesario que los tomadores de decisión tengan en cuenta que por sí misma esta política no permitiría reducir las grandes desigualdades socioeconómicas en salud relacionadas con la alimentación”.

 

Por ello, la medida del Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país de aumentar el impuesto selectivo al consumo a las bebidas azucaradas y alcohólicas —porque generan costos a la sociedad que todos los peruanos terminamos pagando— es una política que no debe ir sola, sino acompañada por políticas promocionales y preventivas como las que recomiendan las OMS y la FAO. Recordemos que una mala alimentación y condiciones socioeconómicas como la pobreza, la falta de acceso al agua potable y servicios básicos de salud afectan el bienestar y la calidad de vida de los peruanos. No debemos bajar la guardia.

Por Janice Seinfeld y Óscar Ugarte

 

“De atender a enfermos a prevenir enfermedades”, por Janice Seinfeld

La gestión de la ministra de Salud, Silvia Pessah, está trabajando –con el apoyo técnico del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo– en el diseño de un sistema que podría realmente cambiar la calidad del servicio que hoy recibimos los peruanos. Se trata del sistema de redes integradas de salud que, adecuadamente implementado, permitirá acercar de forma eficiente la oferta sanitaria al ciudadano y fortalecer el primer nivel de atención con un enfoque territorial.

Al poner énfasis en la prevención y atención temprana de enfermedades como la diabetes, hipertensión, entre otras, permitirá ahorrar recursos al Estado en el futuro. La idea es no esperar que los pacientes requieran de atenciones complejas, cuando las enfermedades prevenibles ya hicieron estragos importantes en su salud.

En la última década, la estrategia de aseguramiento universal y un incremento del presupuesto público han permitido avanzar significativamente en proteger a las personas más vulnerables, a través del Seguro Integral de Salud. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de salud integrados organizados horizontalmente para toda la población, el nuestro está organizado verticalmente por un grupo de población y un subsistema de salud. Cada asegurador atiende a su población objetiva con su propio plan de beneficios y en sus propios establecimientos. Es decir, la prestación está fragmentada y los subsistemas de salud coexisten con escasa interrelación, aplicando sus propias reglas y mecanismos, y un manejo limitado de los riesgos sanitarios.

Por poner un ejemplo de las ineficiencias que genera el sistema actual, los servicios de salud fragmentados pueden hacer que en una misma plaza provincial tengamos tres hospitales: a un lado, el del gobierno regional; al otro, el de Essalud; y, finalmente, el privado, cada uno requiriendo equipamiento, mantenimiento y operación.

Probablemente los mismos médicos trabajan en los tres establecimientos en distintos horarios. Los pacientes llegan al sistema con enfermedades en estadio avanzado y la atención se vuelve más compleja y costosa. Las redes integradas de salud permitirían que, en un ámbito determinado, un conjunto de entidades prestadoras de salud públicas y privadas, de diferente capacidad resolutiva, actúen coordinadamente para brindar atención integral, continua y oportuna enfocada en las necesidades de salud de la población, con énfasis en la prevención. Hay miles de establecimientos en el país que requieren este enfoque.

Un ejemplo interesante para considerar es el sistema prestacional de Cataluña. Su asegurador, Catsalut, compra servicios de salud a proveedores públicos y privados organizados en redes prestacionales según su ordenamiento territorial. Los planes de salud se establecen cada cuatro años con objetivos concretos para aplicar la política de salud, pero son monitoreados anualmente. La entrada del paciente en la red es por un centro de atención primaria, salvo casos de urgencia y emergencia. Este aspecto es fundamental para nuestro sistema.

Ex ministros de Salud de distintos períodos gubernamentales han firmado un pronunciamiento apoyando al Gobierno y a la ministra Pessah en esta tarea. Afirman que debe ser considerada una política de Estado “por ser la estrategia más importante para lograr servicios de salud dignos, accesibles y de calidad, validados con la participación de la población”.

La organización de la prestación en redes integradas será clave para mejorar la eficiencia del sistema, la calidad de las prestaciones y el estado de salud de la población. Su relevancia y correcta implementación merecen el apoyo de todos.

Publicado en el diario El Comercio