¡Todos afuera!

El presidente Martín Vizcarra ha conectado con la indignación ciudadana frente a la corrupción y la fragilidad de las instituciones públicas. Dada la intransigencia de la oposición política, ha optado por colocar a la opinión pública como su aliada.

En esa línea se inscribe su propuesta de convocar un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre cuatro puntos: la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el financiamiento privado de los partidos políticos, el retorno a un sistema legislativo bicameral y la no reelección de congresistas. Sobre esta última quisiera detenerme para analizar si es la mejor opción vista en perspectiva.

Vayamos primero al mapa: en las últimas elecciones, 35 legisladores fueron reelegidos. Es decir, solo el 26,91% del total de parlamentarios conserva su curul, y el 73% son caras nuevas o reincidentes, pero no reelegidas consecutivamente.

Como el propio Vizcarra precisó en su mensaje, la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del propio mandatario, todos los cuales tienen iniciativa de gasto. Frente a este impedimento, vemos cómo a las próximas elecciones municipales y regionales se están lanzando familiares de los funcionarios salientes —hijos, pareja, cuñado…—, mientras muchos de ellos están postulando a otras circunscripciones. Es decir, hecha la ley, hecha la trampa.

La ciudadanía debe poder premiar o castigar a sus políticos mediante su voto. Impedirle la reelección es limitar su libertad. Además, ¿cómo honrar una buena gestión si no es confiando nuevamente un encargo que ya probó ejercer con solvencia? Los buenos legisladores y la ciudadanía no debemos pagar los platos rotos de sus colegas impresentables.

Lo que ha hecho Vizcarra es un rayado de cancha frente al Congreso. Si bien audaz en términos políticos, no necesariamente es la ruta más adecuada para fortalecer la estabilidad de nuestras instituciones. Es conectar con la sensación de “que se vayan todos”, y así no se construye país.

Llamó la atención, por ejemplo, que el presidente no haya mencionado nada de la reforma del Servicio Civil (Servir), en proceso de unificar los diversos regímenes laborales del sector público bajo un sistema meritocrático. Su objetivo es construir una línea de carrera entre los funcionarios públicos para mejorar la calidad de la gestión y los servicios que ofrece el Estado.

La corrupción es hoy la principal amenaza al Estado de derecho, un problema estructural cuyo combate debe, igualmente, ser orgánico. Y el presidente ha sido claro al respecto. Confío en que, por fin, los peruanos estamos entendiendo que esta no se trata solo de un asunto moral, sino de un problema sistémico que impacta directamente en el desarrollo y en su sostenibilidad. La corrupción mata, la corrupción genera pobreza y exclusión, la corrupción limita la educación, la corrupción permite que violadores de niños caminen impunemente por las calles pese a haber sido sentenciados.

¿Cómo enfrentar una corrupción que es transversal a todo el sistema? Como señala Transparencia Internacional, además de con voluntad política que permita desmontar el aparato criminal y romper la impunidad, debemos fortalecer las instituciones con líneas de carrera claras y reforzar su capacidad de gestión. Asimismo, mejorar las medidas de control involucrando a una ciudadanía cada vez más alerta y comprometida y, por supuesto, educar a las futuras generaciones sobre los efectos nefastos de esta plaga.

Cuando el Estado deje de ser visto como un botín, y sea un privilegio servir al país, ahí habremos recién ganado esta batalla.

Por Janice Seinfeld

Publicado en El Comercio

¿Cómo mejorar la calidad de la atención en salud sin abandonar el afán de la cobertura universal?

El sistema debe estar centrado en las necesidades del ciudadano. Para ello se deben definir las enfermedades que son la mayor carga para la sociedad. Es decir, el sistema se debe organizar en función de la demanda y no de los hospitales. Un ejemplo: alrededor del 85% de problemas de salud se podría resolver en el primer nivel de atención (postas y centros médicos). Sin embargo, la mayor cantidad de recursos se asigna a los hospitales de mayor complejidad.

Por el lado de la oferta, hay que integrar los establecimientos en redes. Es un trabajo en proceso del Minsa. Hoy encuentras, en cualquier plaza del país, el hospital regional, el de Essalud, la clínica. Solo atienden a su población beneficiaria y no articulan entre sí. Es necesario que los recursos públicos y privados estén al servicio del ciudadano.

Los sistemas que dan soporte a las atenciones, como suministro de medicamentos, deben ser procesos transversales. Hoy se requieren múltiples pasos y sistemas de información que no conversan entre sí, demandan procesos que no añaden valor. La información para los gestores es igual de dispersa. Mayor eficiencia en la gestión es clave. Pero, claro, se requieren mayores recursos: financiamiento sostenible para brindar más y mejores atenciones, pues la demanda con el SIS aumenta a mayor ritmo que el presupuesto. Ahora son 17 millones de asegurados que requieren más recursos centrados en sus necesidades

Por Janice Seinfeld

Publicado en El Comercio

Una radiografía borrosa, por Janice Seinfeld

Los destapes periodísticos recientes sobre tráfico de influencias y actos de corrupción en los aparatos judicial y político de nuestro país han opacado un tema de especial relevancia. Hace unas semanas, el INEI dio a conocer los primeros resultados del Censo Nacional 2017. Según este, la población del Perú asciende a 31’237.385. Esta cifra se obtuvo tomando en cuenta a las 29’381.884 personas efectivamente encuestadas. Es decir, la omisión censal —población no contabilizada—, según lo reconoció el INEI, fue de 5,9% (1’855.501 personas).

A los cuestionamientos por la insuficiente cobertura en Lima Metropolitana y en las principales ciudades del país se sumó la precisión del Reniec sobre que el número de peruanos con DNI llega a 34’583.384. Una diferencia de más de tres millones de personas que, según el INEI, responde a peruanos que estaban en el extranjero al momento del censo. El objetivo de este –precisó la entidad– se centró en la población que se encontraba en nuestro territorio ese 22 de octubre, día del registro.

Algunas conclusiones ofrecidas por el INEI: el 49,2% de los habitantes son hombres, el 50,8% mujeres. Los de 60 años de edad a más –indicador que evidencia el proceso de envejecimiento de la población– pasaron de 9,1% en el 2007 a 11,9% en el 2017. Este dato por sí mismo nos revela, entre otras cosas, que requeriremos de nuevos modelos de atención de salud que fomenten mayor prevención para evitar las enfermedades crónicas, así como atención temprana cuando estas se manifiestan, para evitar complicaciones.

En cuanto a distribución geográfica, la costa alberga al 58% de peruanos, porcentaje que en el 2007 era de 54,6%. Además, mientras que al igual que en la selva la población se ha incrementado, en la sierra ha disminuido. El censo ratifica que San Juan de Lurigancho es el distrito más populoso del país, con más de un millón de habitantes. Pero también señala que sus vecinos Carabayllo Lurigancho tienen tasas de crecimiento que casi quintuplican y cuadruplican la tasa de crecimiento promedio nacional, respectivamente; que El Porvenir en Trujillo las triplica y que Cerro Colorado en Arequipa las sextuplica. Es decir, identifica zonas de explosión demográfica que claman por modelos de planificación urbana. De lo contrario, vamos camino a tener ciudades aun más caóticas y violentas.

No hay país del mundo que no haya planificado su desarrollo sin una radiografía actualizada de su realidad. Esta se obtiene, justamente, de los censos nacionales. ¿Cómo elaboraremos políticas públicas eficientes con resultados que generan dudas? ¿Cómo plantear metas, indicadores y objetivos cuando queremos avanzar en la ruta, pero tenemos el parabrisas borroso?

Conocer las características y necesidades de la población es la base para que el Estado, los gobiernos regionales, las municipalidades y demás instituciones públicas puedan tomar decisiones. También para que el sector privado pueda, por ejemplo, determinar la demanda de productos o servicios en un determinado territorio.

El economista Richard Webb, presidente de la Comisión Consultiva de los Censos Nacionales 2017, ha escrito en este Diario que, si bien la ejecución del censo dio lugar a dudas acerca de la precisión de sus datos, “la omisión y la inexactitud son normales en todo censo, más aun en un territorio agreste como el nuestro, y su incidencia debe ser medida profesionalmente, con la asesoría y participación de entidades internacionales especializadas. Esa evaluación se viene realizando a nivel detallado, en base a una encuesta poscensal que investiga la calidad del censo por región y para distintas preguntas”.

Necesitamos mayor precisión sobre este proceso poscensal. Transparentar y, sobre todo, comunicar este trabajo será fundamental para darle solidez a estos resultados.

Publicado en el diario el Comercio

Por un menú más saludable

Luego de meses de idas y vueltas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó el Manual de Advertencias Publicitarias en el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes del año 2013. Este dispone la implementación de los octógonos de color negro y blanco en los alimentos procesados cuyo contenido de sodio, azúcar y grasas saturadas exceda los parámetros establecidos. Así, el Minsa hizo prevalecer su posición rectora, e impidió que prosperase la alternativa del semáforo nutricional que proponían el Parlamento y la industria alimentaria, y que rechazan instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Sin embargo, hay dos temas de fondo que también deben ser priorizados. El primero: los estándares recomendados por la OMS y aprobados en el país por el DS 007-2015/SA, que fue derogado y cambiado por el DS 017-2017/SA, que triplica lo permitido por la OMS en cuanto a contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas en alimentos y bebidas no alcohólicas procesados. El segundo: cómo fomentamos entre la población la importancia de una alimentación saludable que empiece en casa y se extienda al consumo de alimentos procesados. Una alimentación que, como lo explica la FAO —la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre—, aporte los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua.

 

Un dato increíble en la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) es que la anemia infantil en zonas urbanas pasó de 39,9% en el 2016 a 41,4% en el primer semestre del 2017. Los motivos muy probablemente están en la reducción de la lactancia materna exclusiva (de 63,2% a 59,9%) y en el incremento del consumo de la comida chatarra desde los primeros años de infancia.

 

Necesitamos cambiar nuestros hábitos de consumo de alimentos para prevenir  las enfermedades crónicas que tienen a la alimentación como eje fundamental: obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades dentales y osteoporosis.

 

En Chile, casi un tercio del total de azúcares libres consumidos provienen de bebidas, jugos y aguas azucaradas. Un reciente estudio realizado por las universidades de Chile y York reveló que este consumo disminuyó en 21,6% desde que en el 2014 comenzó a aplicarse el Impuesto Adicional a las Bebidas Azucaradas (IABA). Pero Marc Suhrcke, coautor de la investigación, señaló que si bien la política fiscal chilena ha sido efectiva en reducir el consumo de bebidas azucaradas, “es necesario que los tomadores de decisión tengan en cuenta que por sí misma esta política no permitiría reducir las grandes desigualdades socioeconómicas en salud relacionadas con la alimentación”.

 

Por ello, la medida del Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país de aumentar el impuesto selectivo al consumo a las bebidas azucaradas y alcohólicas —porque generan costos a la sociedad que todos los peruanos terminamos pagando— es una política que no debe ir sola, sino acompañada por políticas promocionales y preventivas como las que recomiendan las OMS y la FAO. Recordemos que una mala alimentación y condiciones socioeconómicas como la pobreza, la falta de acceso al agua potable y servicios básicos de salud afectan el bienestar y la calidad de vida de los peruanos. No debemos bajar la guardia.

Por Janice Seinfeld y Óscar Ugarte

 

“De atender a enfermos a prevenir enfermedades”, por Janice Seinfeld

La gestión de la ministra de Salud, Silvia Pessah, está trabajando –con el apoyo técnico del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo– en el diseño de un sistema que podría realmente cambiar la calidad del servicio que hoy recibimos los peruanos. Se trata del sistema de redes integradas de salud que, adecuadamente implementado, permitirá acercar de forma eficiente la oferta sanitaria al ciudadano y fortalecer el primer nivel de atención con un enfoque territorial.

Al poner énfasis en la prevención y atención temprana de enfermedades como la diabetes, hipertensión, entre otras, permitirá ahorrar recursos al Estado en el futuro. La idea es no esperar que los pacientes requieran de atenciones complejas, cuando las enfermedades prevenibles ya hicieron estragos importantes en su salud.

En la última década, la estrategia de aseguramiento universal y un incremento del presupuesto público han permitido avanzar significativamente en proteger a las personas más vulnerables, a través del Seguro Integral de Salud. Sin embargo, a diferencia de los sistemas de salud integrados organizados horizontalmente para toda la población, el nuestro está organizado verticalmente por un grupo de población y un subsistema de salud. Cada asegurador atiende a su población objetiva con su propio plan de beneficios y en sus propios establecimientos. Es decir, la prestación está fragmentada y los subsistemas de salud coexisten con escasa interrelación, aplicando sus propias reglas y mecanismos, y un manejo limitado de los riesgos sanitarios.

Por poner un ejemplo de las ineficiencias que genera el sistema actual, los servicios de salud fragmentados pueden hacer que en una misma plaza provincial tengamos tres hospitales: a un lado, el del gobierno regional; al otro, el de Essalud; y, finalmente, el privado, cada uno requiriendo equipamiento, mantenimiento y operación.

Probablemente los mismos médicos trabajan en los tres establecimientos en distintos horarios. Los pacientes llegan al sistema con enfermedades en estadio avanzado y la atención se vuelve más compleja y costosa. Las redes integradas de salud permitirían que, en un ámbito determinado, un conjunto de entidades prestadoras de salud públicas y privadas, de diferente capacidad resolutiva, actúen coordinadamente para brindar atención integral, continua y oportuna enfocada en las necesidades de salud de la población, con énfasis en la prevención. Hay miles de establecimientos en el país que requieren este enfoque.

Un ejemplo interesante para considerar es el sistema prestacional de Cataluña. Su asegurador, Catsalut, compra servicios de salud a proveedores públicos y privados organizados en redes prestacionales según su ordenamiento territorial. Los planes de salud se establecen cada cuatro años con objetivos concretos para aplicar la política de salud, pero son monitoreados anualmente. La entrada del paciente en la red es por un centro de atención primaria, salvo casos de urgencia y emergencia. Este aspecto es fundamental para nuestro sistema.

Ex ministros de Salud de distintos períodos gubernamentales han firmado un pronunciamiento apoyando al Gobierno y a la ministra Pessah en esta tarea. Afirman que debe ser considerada una política de Estado “por ser la estrategia más importante para lograr servicios de salud dignos, accesibles y de calidad, validados con la participación de la población”.

La organización de la prestación en redes integradas será clave para mejorar la eficiencia del sistema, la calidad de las prestaciones y el estado de salud de la población. Su relevancia y correcta implementación merecen el apoyo de todos.

Publicado en el diario El Comercio

Anemia en gestantes en el Perú, ¿cuál es la solución? (Parte 2)

El porcentaje de gestantes con anemia en el Perú según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del 2017 es de 29.6%. Una de las principales dificultades para prevenir y reducir su prevalencia es la falta de adherencia a la suplementación con hierro y ácido fólico. Es decir, las gestantes no siempre toman todas las tabletas que les son recetadas.

¿Qué hacer para que efectivamente cumplamos con el tratamiento? Pues empezar por entender por qué se da este incumplimiento. En Videnza Consultores proponemos intervenciones que ayuden a reducir este problema. Aquí algunas de ellas:

 

  • Suplementación informada: si bien el Estado ha logrado avances importantes en asegurar la disponibilidad de los suplementos en los establecimientos de salud, este paso no es suficiente. Por un lado, se debe buscar que el tipo de suplemento que se entrega tenga la mayor aceptabilidad posible, generado por ejemplo los menores efectos secundarios. Por otro lado, se requiere capacitar y sensibilizar al personal de salud involucrado sobre la importancia de informar a las gestantes sobre la anemia, sus efectos, la importancia de la suplementación y cómo manejar sus posibles efectos secundarios.

 

  • Atención inmediata a las gestantes con anemia: a los tiempos de espera normalmente elevados del sistema de salud público, la gestante diagnosticada con anemia debe sumar una serie de visitas al centro de salud antes de recibir las tabletas de hierro y ácido fólico. Urge, por tanto, examinar los flujos de atención para hacerlos más eficientes.

 

  •  Mensajes de texto (SMS) o voz: estudios encuentra que el uso de SMS mejora las tasas de adherencia al tratamiento médico en 15-18%. En Perú, el uso de SMS en zonas urbanas o de mensajes de voz en zonas rurales puede ser efectivo para mejorar la adherencia al tratamiento. Se recomienda implementar un sistema de mensajería con recordatorios sobre la suplementación e información de salud útil para el periodo gestacional.

 

  • Acompañamiento y consejería a través de visitas domiciliarias: los expertos consultados aconsejan implementar visitas domiciliarias a las gestantes para monitorear y reforzar la adherencia a la suplementación, brindar información nutricional y absolver dudas. Estas visitas podrían estar a cargo de agentes comunitarios en salud y ser complementarias a las que la norma de salud establece actualmente. Se debe evaluar la posibilidad de que los municipios distritales los retribuyan por su labor.

 

Un grupo al que debemos prestar especial atención son las adolescentes gestantes, pues sus propias características biológicas y psicológicas las hacen altamente vulnerables: tienen 1.36 veces el riesgo de presentar anemia. Establecer un plan de suplementación de hierro en adolescentes, independientemente de si están o no embarazadas, es una intervención que el Ministerio de Salud debería analizar.

Desde Videnza Consultores estamos comprometidos con implementar políticas que disminuyan la anemia en gestantes.

Por Janice Seinfeld

Un remedio peor que la enfermedad, por Janice Seinfield

“La solución no pasa por crear nuevas instituciones, sino por mejorar la gestión de las existentes”, resalta la directora de Videnza Consultores y profesora de la Universidad del Pacífico

A inicios de año, a propósito de la compra de Química Suiza por parte de Intercorp y la consecuente concentración y reconfiguración del mercado retail de medicamentos en el país, advertimos del peligro de los ímpetus populistas que empezábamos a ver en ciertas autoridades.

Desde entonces, distintas bancadas del Congreso de la Repúblicahan presentado propuestas legislativas que plantean el control de precios de medicamentos. Estos afanes intervencionistas son un constante ‘déjà vu’ dirigido a las tribunas, pero de nefasto efecto económico: al desincentivar la producción y comercialización de medicamentos generan escasez, aumentan la informalidad y perjudican el acceso a los productos que se busca proteger.

El legislador Javier Velásquez Quesquén, por ejemplo, propone crear un órgano regulador de precios máximos de medicamentos básicos, cuyo jefe sea designado por los ministerios de Salud y de Economía y Finanzas. ¿Cómo se fijarían dichos precios? ¿Qué medicamentos abarcaría? Y lo más incomprensible: si estas políticas no han funcionado antes, ¿qué lo lleva a pensar que funcionarán ahora y que el nuevo órgano operará en mercados dinámicos eficientemente? Similares argumentos tienen sus colegas Héctor Becerril y Yonhy Lescano.

Según la regulación moderna, lo importante es generar condiciones que favorezcan la competencia en los mercados público y privado, pues permite disminuir los precios y mejorar la calidad de los productos. Además, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, urge promover los medicamentos genéricos de calidad, principal mecanismo para abaratar costos y fomentar el acceso entre la población.

Para lograr lo anterior, un punto esencial es optimizar los procesos de compras corporativas de medicamentos desde el Estado. Este debe aprovechar su poder monopsónico —es el comprador de medicamentos por excelencia—para, negociando y gestionando con transparencia y eficacia, conseguir los menores precios.

En nuestro país existe el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que compra gran parte de los productos farmacéuticos requeridos en todo el país. Sin embargo, en los últimos años ha tenido importantes demoras: las compras previstas para el 2017 se retrasaron siete meses y las del 2018 se acaban de convocar. Más aun, la debilidad en la información de la programación de las necesidades y requerimientos impide convocar procesos multianuales.

Asimismo, deben desarrollarse estrategias como la homologación de medicamentos —que permite simplificar la definición de aspectos técnicos y reducir la discrecionalidad y el direccionamiento de las compras—, y el uso del catálogo electrónico para el acuerdo marco, trabajando de la mano con la central de compras públicas Perú Compras. A la par de ganar oportunidad y transparencia, esto permitirá repensar el rol de comprador del Estado ante el escenario de integración vertical en el sector privado.

En suma, necesitamos ordenar la casa y que cada quien haga su labor. La solución no pasa por crear nuevas instituciones, sino por mejorar la gestión de las existentes. Las medidas populistas solo llevan a perder tiempo y dinero, lo que afecta a los ciudadanos que, irónicamente, sus promotores dicen defender.

Por:  Janice Seinfeld

Publicada en el Comercio el 19 de mayo del 2018

Estándares de datos en salud

Lo invito a visitar, al mediodía o por la noche, un restaurante o bodega que tenga un televisor encendido. Seguro comprobará que sintonizan los intonsos “realities”, muestra de estos tiempos de extraversión bombardeados por sensaciones, datos e información que no aportan conocimiento y, obviamente, no construyen un mejor país.

Creo que la mayoría de peruanos compartimos la perspectiva que el desarrollo de una sociedad basada en información es importante, incluso para nuestra propia vida. Veamos algunos conceptos clave: los datos son hechos sin relación entre sí —como la serie de números 280721—, mientras que la información es un conjunto de datos a los que se les da sentido mediante un vínculo o una descripción —28 de julio del 2021, por ejemplo—. El conocimiento, a su vez, es un conjunto de representaciones entretejidas basadas en información y que incluyen análisis, interpretación y argumentación. Es lo que nos lleva a saber que la fecha presentada es la del bicentenario de la Independencia del Perú, hito para reflexionar y lograr cambios relevantes.

Más información, mayor bienestar

El desarrollo de este proceso (datos, información, conocimiento) es relevante al abordar temas críticos como la salud de las personas. Por ejemplo, ¿somos conscientes del riesgo que corremos si nos administran un medicamento al cual somos alérgicos? ¿O que para un médico es difícil conocer en tiempo real la disponibilidad de camas hospitalarias o los servicios de emergencia en los centros hospitalarios de su ciudad? Imagínese qué pasaría si alguno de nosotros o un familiar los requiere. Estas situaciones se pueden y se deben evitar.

Para empezar a construir este ciclo virtuoso, el Estado debe aplicar un concepto ya normado en el DS 024-2005, pero que hasta la fecha no se implementa: las identificaciones estándar de datos en salud (IEDS). Estas definen un “idioma” común para registrar y conocer quiénes son las personas y cuáles son sus dolencias, los procedimientos y los tratamientos que necesitan, así como dónde los recibieron. Esta información facilita la atención en los servicios de salud y permite tomar mejores decisiones.

Si bien los países vecinos empezaron este camino años después que el Perú, han avanzado bastante más. En Chile y Colombia se ha progresado mucho en la implementación de la historia clínica electrónica, y en Argentina se emplea estándares de información para la trazabilidad de los medicamentos de mayor riesgo o alto costo. ¿El secreto? La persistencia de una decisión en el tiempo, con equipos renovados periódicamente, pero que mantienen una línea de trabajo constante.

¿Nuestro país, con tanto “ruido”, podrá lograr la reflexión y firmeza necesarias para que los gestores públicos —a pesar de que son eventualmente reemplazados— tomen una decisión al respecto y la mantengan en el tiempo? Difícil, pero no imposible. Una fecha tan importante como el bicentenario nos lo impone.

Por : César Amaro

Sea saludable, ¿lea la etiqueta?

No hay una relación causa-efecto comprobada entre el etiquetado nutricional y la adopción de dietas más saludables

Todo fumador es consciente del daño que dicha afición le produce y, sin embargo, sigue haciéndolo. En contraposición, el deporte genera indudables beneficios en la salud, pero no siempre optamos por practicarlo. Esto porque tomamos decisiones irracionales, priorizamos el corto plazo y buscamos retribuciones inmediatas.

Siendo ese el escenario, ¿tiene algún efecto en los consumidores el etiquetado que alerta sobre altos contenidos de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans en productos procesados? Como sabemos, el Gobierno observó la norma aprobada por el Congreso de la República conocida como el semáforo nutricional de tres colores: verde, ámbar y rojo. Este método, diseñado por la Food Standard Agency del Reino Unido y más extendido en Brasil y en Europa, no está exento de críticas. De hecho, según sus criterios el aceite de oliva y los frutos secos —probadamente beneficiosos— quedan dentro de la categoría roja de alimentos.

En contraposición, el Ministerio de Salud (Minsa) defiende el etiquetado con sellos en forma de octógonos, similar al que se usa en Chile. Si bien este formato viene demostrando ser una mejor herramienta para informar, vayamos más allá.

¿Fomentará que los peruanos restrinjamos el consumo de carbohidratos, dulces y grasas, e incorporemos más verduras en nuestra dieta diaria? ¿Tendrá como resultado disminuir la obesidad, la diabetes, el cáncer y demás enfermedades que derivan de la ingesta excesiva de comida chatarra?

Intentar cambiar los hábitos de los consumidores desde etiquetas nutricionales obligatorias es una solución parcial porque, volviendo al corto plazo, lo que priorizamos es el sabor. Hasta la fecha no hay una relación causa-efecto comprobada entre el etiquetado nutricional y la adopción de dietas más saludables. Y para diseñar políticas públicas efectivas necesitamos evidencia.

El economista Michael L. Marlow, autor del texto “Label Nudges?”, sostiene que para demostrar que el etiquetado nutricional mejora la salud pública se deben dar los siguientes cuatro hechos sucesivos: que los consumidores lean las etiquetas, las entiendan, mejoren sus elecciones de alimentos como consecuencia de ello, y que esta decisión genere mejoras objetivas en su salud.

Un estudio en Nueva York sobre la ley que exige que las cadenas de restaurantes publiquen la cantidad de calorías de sus platos demostró que esta medida no varió el consumo. En la Unión Europea, incluir el detalle de la información nutricional es obligatorio, aunque puede presentarse en formatos distintos: tabla de composición, semáforo nutricional o cantidades diarias orientativas. Finalmente, en el Reino Unido el uso del semáforo alimenticio es voluntario y tiene el respaldo de grandes cadenas de alimentos.

Entonces, ¿cómo avanzamos hacia esquemas de alimentación más saludables en nuestro país? Un modelo interesante de política entre Estado y sector privado lo encontramos en Singapur. Implementado por el Health Promotion Board y conocido como Healthier Choice Symbol, otorga sellos de calidad a alimentos procesados que cumplen con ciertos parámetros técnicos. Para obtenerlos, las empresas aplican voluntariamente y muchas incluso han adecuado sus productos para cumplir con estándares más saludables. Sugeriría que en el Perú empecemos por respetar los estándares propuestos por la Organización Mundial de la Salud, casi tres veces más estrictos que los del Minsa.

Provocar cambios en los hábitos alimentarios de los ciudadanos es el gran reto que tenemos por delante. Y para encontrar la opción más efectiva queda mucho por hacer y mucho por estudiar. Necesitamos predictibilidad.

Por:  Janice Seinfeld

Publicada en el Comercio el 21 de abril del 2018

Anemia en gestantes en el Perú, ¿cuál es la solución? (Parte 1)

Veamos algunas cifras del Perú entre los años 2010 y 2016: el PBI creció en 30%, la pobreza monetaria se redujo de 30.8% a 20.7% y la desnutrición crónica infantil pasó de 23% a 13%. Sin embargo, la tasa de anemia en embarazadas disminuyó únicamente 32.6% a 27.9% según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes). ¿Cómo acelerar este proceso?

En nuestro organismo, la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno por la sangre a las diferentes células del cuerpo, y de tomar de ellas el dióxido de carbono. Cuando los niveles de hemoglobina disminuyen por debajo de los valores necesarios para satisfacer las necesidades del organismo, padecemos de anemia. En las gestantes, es una de las causas prevenibles más comunes de mortalidad materna. Además, si se presenta durante los primeros dos trimestres de gestación, las probabilidades del bebé de nacer prematuro y con bajo peso aumentan. En niños y adolescentes, la anemia afecta el desarrollo cognitivo, y en adultos disminuye la productividad.

La causa más común de anemia es el déficit de hierro. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que “las embarazadas tomen un suplemento diario por vía oral de hierro y ácido fólico con entre 30 y 60 mg de hierro elemental y 400 µg (0,4 mg) de ácido fólico”. En esa línea, en el Perú existe una Norma Técnica de Salud que establece la suplementación con hierro y ácido fólico para prevenir y tratar la anemia en gestantes, complementada con actividades de consejería y seguimiento para garantizar adherencia al tratamiento. Esta última implica tomar la medicación cumpliendo adecuadamente la dosificación y el tiempo prescritos.

Pese a que tomar suplementos de hierro y ácido fólico reduce la anemia, y que en países en desarrollo se han implementado políticas de suplementación universal en establecimientos de salud públicos, no se ha logrado disminuir significativamente la anemia en gestantes. De hecho, la OMS estima que más de 40% de gestantes en el mundo sufren anemia.

La principal limitación de estos programas de suplementación es la falta de adherencia al tratamiento. En el Perú, según la Endes, 29.3% de las gestantes no consumieron el suplemento de hierro y ácido fólico durante el embarazo o lo hicieron por menos de 60 días. ¿Cómo lograr que efectivamente cumplan el tratamiento? En Videnza Consultores estamos revisando literatura especializada y realizando entrevistas con expertos para proponer estrategias que combatan este problema. En nuestro siguiente post compartiremos los resultados.

Por: Nicolás Besich